“Greenwashing”: Bruselas lanza la batalla contra el “ecoblanqueo” de empresas y rechaza la reparación de productos | Clima y Ambiente Medio

En un mundo que es más consciente de la importancia de combatir el clima climático, muchos sus los que buscan, a la hora de hacer la compra, productos respetuosos con el medioambiente. Pero no es verde todo lo que se proclamó como tal. Según datos de la Comisión Europea, más la mitad de las afirmaciones ecológicas de empresas y productos, desde ropa a detergentes o hasta alimentos, son “vagas, engañosas o sin fundamento”. Tiene un 40% inclusive que carecen totalmente de base para venderse como productos respetuosos con el medio ambiente. Para combatir este lavado verde o lavado de imagen verde y de paso protect tanto a consumidores como a las empresas que sí cumplen los estándares, Bruselas ha presentado este miércoles una propuesta para unificar los criterios «contra el lavado verde y las afirmaciones ambientales engañosas”.

La propuesta, que todavía tendrá que ser revisada y validada por el Parlamento y el Consejo Europeos antes de entrar en vigor en la UE, busca responder a una situación en la que “las empresas están siendo cada vez más elevadas en su lavado [de imagen] verde”, explica en una entrevista a EL PAÍS el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius. Los ejemplos, señala, están a la orden del día en todo tipo de comercios: «Hay camisetas en el mercado que afirman que están hechas con botellas de plástico recicladas. Pero cuando se lee con cuidado [la etiqueta]se ve que solo el 1% de esa camiseta lo es”.

para ser Verde de verdad y recbir una calificación como tal —que luego suele traducirse en publicidad positiva y hasta precios más elevados por ese producto que los consumidores valores están dispuestos a pagar— debe comprobarse que “toda la cadena del producto es difícil Verdepara que no haya un lavado verde o, básicamente, se está engañando al consumidor”, subrayó Sinkevicius. En el milagro de Bruselas están, entre otras cosas, afirmaciones con que los clientes se topan en su día a día en tiendas y supermercados como «embalaje hecho con 30% de plástico reciclado» ou «protect solaror respetuoso con el Océano». También hay que asegurarse de que, cuando una empresa asegure que ha entrado “con compensación por emisiones de CO2″, la confirmación se haga constar de forma rigurosa.

Para ello, la directiva que ha lanzado ahora el Ejecutivo europeo propone que, cuando las empresas decidan hacer una «afirmación verde» sobre sus productos o servicios—algo que, recuerda Sinkevicius, es algo totalmente voluntario, nadie les obliga a hacerlo—, debe respetar un sobrio «mínimo de normas» como corroborando con estas afirmaciones y, también, como la comunica. El objetivo es doble, destaca el comisario: tanto garantizado que el consumidor puede hacer una compra informada, como que las empresas que sí cumplen lo que afirman logren una ventaja competitiva y mayor protección frente a otras que se limitan a hacer lavado verde Solo las empresas pequeñas — de menos de 10 empleados o de un volumen de ventas menor a los dos millones de euros — están exentas, salvo si quieren algo por voluntad propia a estas normas.

Así, las afirmaciones verdes deberán estar «fundadas en evidencia científica ampliamente reconocida, identificando los impactos ambientales relevantes», algo que deberá recibir una «verificación independiente». Asimismo, si se compara un producto con otro, se debe comprobar «justa» sobre la base de información y datos «equivalentes». La directiva busca por el contrario prohibir etiquetas que usen «puntuación agregada» del impacto medioambiental del producto, salvo que esté ya especificado en la normativa europea.

De hecho, otros de los objetos declarados tienen garantizado que los sistemas de etiquetado son «sólidos y fiables», por lo que busca «controlar su desaparición». Actualmente, señala, existen 230 diferentes etiquetas, algo que, advierte la Comisión, crea “confusión y desconfianza” del consumidor.

Por ejemplo, Bruselas se aleja de la creación de «sistemas de etiquetado europeos». Por el contrario, considere que no se permitirá permitir nuevos sistemas públicos de etiquetado «salvo que se déarrollen a nivel europeo». En el caso de las etiquetas privadas, la norma establece que solo se «permitesi demuestra una ambición ambiental más grande que la existente», y siempre bajo condición de lograr una libertad condicional previa. En particular, subrayar, las etiquetas ambientales deben ser «transparentes, verificadas por terceros y revisadas regularmente».

La medida no afectará al símbolo ya aprobó a nivel europeo de EU Ecolabel, la etiqueta que obtiene los productos que respetan ya requisitos ambientales muy precisos.

De los Estados miembros, se seguirán que efectúen “comprobaciones regulares” de las afirmaciones y, en caso de notar irregularidades, obligar a la empresa infractora “adoptar acciones efectivas y rápidas para remediar la infracción”, con la posibilidad de imponer sanciones “eficientes, proporcionadas y disuasorias” en caso contrario.

Refuerzo del «derecho de reparacion»

La lucha contra el lavado verde form parte del impulso a la economic circular que lleva años haciendo Bruselas, y que este miércoles ha añadido una iniciativa más: ahondar en el «derecho de reparación», con nuevas reglas comunes para fomentar la reparación de productos en vez de su reemplazo prematuro por otros nuevos, algo en lo que Europa lleva ya un año trabajando y que ahora quiere profundizar.

Los motivos saltan a la vista: cada año, solo en la UE se tiran 35 millones de toneladas de aparatos que podrían ser parados. Algo que crea gas de efecto invernadero «innecesarios», hasta 261 millones de toneladas anuales. Y no afecta solo al medioambiente: Bruselas calculó que los consumidores pierden cada año hasta 12.000 millones de euros cada año al comprar nuevos electrodomésticos en vez de reparar los estropeados.

Desde hace un año, Bruselas trabajará para garantizar que haya más productos reparables y que el consumidor pueda mantener una información fidedigna con respeto. Ahora da un paso más, «la última pieza del rompecabezas», como la ha definido el comisario de Justicia, Didier Reynders, en rueda de prensa, al reforzar el «derecho a reparar» con una serie de nuevas reglas comunes que buscan «promover la réparation” en vez del reemplazo de aparatos como lavadoras, televisiones, equipos de sonido o teléfonos y tablets.

La nueva normativa se centra en la fase de prevención: se dispone que, durante el período de garantía de dos años de un electrodoméstico, el vendedor está obligado a ofrecer la reparación del producto si éste es más barato o cuesta lo mismo que reemplazarlo. , lo que es, hasta ahora, la opción privilegiada por la mayoría de los traders. Además, pasada la garantía, los productores de bienes sometidos a normas europeas de reparabilidad, como televisiones o lavaplatos, estarán obligados a repararlos —hasta ahora podrán negarse a ello, independientemente del costo estimado— Durante los siguientes cinco a diez años tras la compra, salvo que mar tecnicamente imposible.

La propuesta de Bruselas busca además la creación de plataformas nacionales en línea de reparación, para que los consumidores tiendan la opción de buscar alternativas a la hora de arreglar un aparato. Esta plataforma también podrá ser usada, ha dicho Reynders, para la compraventa de productos reparados.

«Reparar es la clave para acabar con el modelo de ‘compra, rompe y tira’ que tanto daña nuestro planeta, nuestra salud y nuestra economía», subrayado el vicepresidente de la Comisión responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans. Se trata de darle al comprador la opción de tener más poder de decisión sobrio sus hábitos de compra —y ahorrar más—, a la par que «sent a important mensaje to the empresas: que models de negocio sustenibles e invertir en reparación es laudable «, asociado Reynders.

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