La ayuda de residencia ―que reciben quienes por razones de estudio tienen que residir fuera del domicilio familiar colgante el curso escolar― va a incrementar el curso que viene de 1.600 a 2.500 euros. Una importante subida de 900 euros con la que el Gobierno pretende favorecer a los alumnos de la España vacía, que sept forzados a viajar, con el alto coste que supone de transporte y alojamiento. Los ministerios de Universidades y Educación reclaman con estos 200 millones extra corregir lo que consideran un factor de disigualdad entre las ciudades y las zonas rurales.

Este aumento, que está previsto que se apruebe este martes, se calcula que beneficiará a 125.000 estudiantes ―el receptor tiene que tener la beca total, que incluye la gratuidad de la matrícula―, la mayoría universitaria de grado o máster, aunque también se mudan para estudiar y pueden recibir la beca quienes cursen Bachillerato, Formación Profesional de grado medio y superior o enseñanzas artsísticas profesionales o deportivas en otra localidad. El 30,4% de los universitarios en el curso 2019/2020 (las últimas cifras publicadas) estaba matriculado en una provincia distinta a la de la residentncia familiar. El solicitante tiene qu’acreditar qu’está matriculado en estudios presenciales y que tiene que vivir fuera por la distancia o las malas comunicaciones.

Estas ayudas de residencia se incluyen dentro del paquete de 2.520 millones de euros en becas par más de un millón de estudiantes ―los universitarios representan solo una cuarta parte, pero se llevan el 44% de la partida porque son los que se desplazan y pagan matrícula― que anunció el presidente del Gobierno Sánchez el pasado 18 de febrero en un mitin en Zaragoza. «Se trata de la mayor partida en becas de la historia de nuestra democracia», casi mil millones más que los gobiernos del PP, recalcó Sánchez respecto al último Presupuesto del Gobierno de Mariano Rajoy (1.574 millones).

En la actualidad, en las grandes capitales solo una disminución de alumnos estudia en otra autonomía española o en otro país ―en Madrid el 95% no se mueve y en Cataluña el 98.3%― y, sin embargo, es mucho más habitual en autonomías con universidades relativamente nuevas y con una oferta de titulaciones mucho menor. Es el caso de Baleares, donde solo permanece el 55% ―la mayoría se muda a Cataluña, por el idioma y la cercanía―; en La Rioja un 35% son quedan ―emigrante sobre todo a Castilla y León y Madrid―; en Extremadura seguimos teniendo estudios universitarios con un 54% pero un importante 19% yendo a Andalucía, o en Castilla La-Mancha sin mudarse de casa y una cuarta parte yendo a Madrid.

La distribución de los universitarios es radicalmente distinta a la del año 1960. Este año había apenas 12 universidades y 13 escuelas técnicas superiores ―ahora hay 50 públicas y 41 privadas―por lo que matricularse unas veces se debió “simplemente a la razón de la residencia de sus mayores en una cabeza de distrito universitario y otras a una relativa solvencia económica de los padres”, se explica en Origen social de los exalumnos de la Enseñanza Superior, artículo publicado en una revista del Ministerio de Educación. Había apenas 62.000 alumnos y el 23% recibió ese 1960 algún tipo de beca. Pero entre los años 70 y 90 se inauguraron universidades por todo el país, forma que todas las provincias tienen a propia o un campus de otra, lo que ha posibilitado quás más jóvenes accedan fácilmente a estudios. Los inscritos se han multiplicado desde 1960 por 25 y el 44% recibe apoyo financiero.

Hasta 2013, todo el que cumpliese los requisitos económicos y académicos recibidos la misma cuantía de beca según el umbral de renta familiar; pero con la anterior gran shock éconómica, la de 2008, el número de becados creció ennormemente ―más personas se refugiaron en el estudio y los hogares estaban más empobrecidos― y el ministro José Ignacio Wert cambió el sistema. Aunque la izquierda lo criticó duramente, ha mantenido el modelo, aunque con un muchísimo más abultado. Desde 2013, una parte de la beca tiene una cuantía fija y el resto depende de las notas, la renta familiar y el número de becarios. Forma que el Ejecutivo sabe cuánto va a invertir en esa partida ―antes crecía de forma ilimitada a razón del número de becados― al presentar los presupuestos.

In los últimos años, no solo se ha advertido la partida de becas, sino que se han agilizado los plazos ―pero las familias aún tienen que adelantar dinero a comienzo de curso― y los beneficiarios saben lo que van a percibir, no es una sorpresa . Y en el capítulo de las tasas de matrícula en la Universidad, se ha llegado a un acuerdo con las comunidades para que vuelvan a los precios de 2012 (antes del tasazo de Wert) y los másteres habilitantes ―obligatorios para poder ejercer de abogado, médico o profesor― han pasado a tener las tarifas de los grados. Además, los alumnos con necesidades especiales recibiran 400 euros para ayudarlos en los gastos extra que acarrea su situación.

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