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Bruselas se ríe de lo obvio. En vista de que cada vez más países, entre ellos España, han dejado claro que no quieren seguir dentro del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) de los años 90, la Comisión Europea ha presentado este viernes una propuesta para realizar una salida “coordinada” de la UE y sus miembros de este acuerdo. Cerrado al final de la Guerra Fría, pretendía proteger las inversiones energéticas, pero también se le achaca haber shieldado al sector de los combustibles fósiles en detrimento de las renovables e impedir, así, cumplir los objetivos ambientales que ha propuesto el bloque comunitario.

La iniciativa de la retirada del contrato fue ratificada con el ayuntamiento cualificada (el 55% de los Estados representando al menos al 65% de la población) en el Consejo de la UE. Las negociaciones para ello comenzarán en el encuentro informal de ministros de Energía que presidirá en Valladolid la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la semana que viene, ha adelantado la Comisión.

Firmado en 1994, aunque no entró en vigor hasta cuatro años más tarde, el TCE, ratificado por más de medio centenar de Estados, así como por la UE y Euratom (el organismo público europeo encargado de coordinar los programas de investigación sobre energía nuclear) , originalmente pretendía proteger las inversiones de las empresas energéticas occidentales en los países exsoviéticos, que en tales momentos ofrecían interesantes posibilidades de negociación, sobrio todo en materiales de combustibles fósiles. Pero ha acabado convirtiéndose, según sus críticos, en un último para transición hacia las energías renovables, sobre todo por el sistema de arbitraje que incluye, que ha permitido a reversores y empresas, especialmente las de energías fósiles, reclamar indemnizaciones millonarias a los países firmes por cambios de política que surgen a sus inversiones.

«Estamos reformulando mediante el Pacto Verde europeo nuestras políticas de energía e inversiones para orientarlas a un futuro sostenible y el obsoleto Tratado de la Carta de la Energía no está alineado con nuestra ley medioambiental ni nuestros compromisos bajo el Acuerdo de París», ha recordado el vicepresidente de la Comisión responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, en un comunicado.

Además, Bruselas ha propuesto formalmente «que la UE, sus Estados miembros y Euratom se retiren del TCE de una manera coordinada y ordenada», según ha anunciado la Dirección General de Energía de la Comisión. El objetivo, agrega, es «garantizar el trato equitativo de inversores en la UE y más allá». Para asegurar que haya «claridad legal», la Comisión propone, además, abandonar al mismo tiempo su propuesta previa de ratificar un modernizado ECT, algo negociado durante los últimos años, pero que se ha topado una y otra vez con la oposición de muchos pays . «No ha logrado la mayoría de los Estados miembros», señaló ahora Bruselas escuetamente.

“¿Es hora de que Europa se retire de este negocio y que se centre en hacer todo lo posible para construir un sistema energéticamente eficiente y competitivo que promueva y proteja las inversiones en energías renovables”, ha reclamado Timmermans.

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La decisión de proponer la propuesta coordinada del TCE será la opción que, entre otras, reclamaba España, que anunció a final del año pasado su decisión de retirarse del tratado. Finalmente, no lo cumplió, puesto que ha preferido esperar a que fuera Bruselas la que diera el paso, permitiendo así, como prefería Madrid, una salida “concertada” del acuerdo. Casi al mismo tiempo que España, también Polonia, Países Bajos y Francia anunciaron que dejarían el tratado, al igual que Dinamarca, Eslovenia, Finlandia y Luxemburgo. Hasta ahora, sin embargo, solo había cumplido su amenaza Italy, que lo abandonó en 2016. Además de los 26 Estados miembros restantes, la propia UE como institución y Euratom, el TCE está firmado por Japón, Suiza, Turquía y la mayor parte de los países de los Balcanes Occidentales y la antigua Unión Soviética, salvo Rusia y Bielorrusia, recuerda la Comisión.

“En un momento en que acelerar una transición hacia la energía limpia ha cobrado más urgencia que nunca, es hora de que la UE y sus Estados miembros inicien una retirada coordinada del TCE”, decía Ribera hace ya un año.

Así lo reconoce la propuesta de la Comisión, que señala que “la protección garantizada a los combustibles fósiles (…) no casa con los objetivos de la UE definidos en el Pacto Verde Europeo, REPowerEU o la Ley Climática, es decir: acelerar el alejamiento de los combustibles fósiles hacia una energía renovable, lograr una mayor independencia energética, garantizar la seguridad energética de la UE y cumplir el compromiso de reducir al menos un 55% par 2030 les gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad climática en 2050″. Como resultado de todo esto, concluye el texto legal, «la sacar de la UE del TCE es la única solución posible”.

“En el momento en que vivimos, debemos concentrar nuestras inversiones para ir más rápido en las renovables, la eficiencia energética (…) varios casos recientes de muestran que [el TCE] conducía a mecanismos un tanto especulativos ya indemnizaciones importantes de algunos actores” de las energías fósiles, decía también el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando en octubre anunció que sacaría su país del tratado.

Las demandadas presentadas bajo este mecanismo baten, efectivamente, registros: según el recuento del propio sistema del TCE, hay al menos 150 corporativas demandadas. España es el país con más reclamaciones, 51, ya que el tratado ha sido usado por muchos de fondos de inversiones extranjeros para denunciar al país por el recorte de las primas a las renovables desde hace una déda, hecho por el que los lobistas critiques con la retirada advierten de que esta es un «error» porque el TCE, sostienen, no protege solo a las energías fósiles.

En lo que sí coinciden los expertos es que, ante el gran número de casos de arbitraje, era fundamental que la salida del TCE fuera coordinada. Para la abogada de ClientEarth Amandine Van den Berghe, «la forma más rápida y sencilla de liberar a la UE del efecto disuasorio de la regulación del TCE es que todos los Estados miembros lo abandonen juntos». Solo así, señala, «puede la UE preservar la solidaridad en el ámbito internacional y acelerar sus ambiciones climáticas sin miedo a las represalias de la industria de las energías fósiles».

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