El ao que cambiar la movilidad para el 68% de los espaoles con las nuevas zonas de bajas emisiones (ZBE)

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Hoy, el 80% de la población española vive en entornos urbanos. En agosto de 2050, con unos 50 millones de personas (un 5% más), el dato ser del 88% según estima el Instituto Nacional de Estadística (INE). Del mismo modo, si actualmente uno de cada cinco españoles tiene 65 años o más, en solo 10 años, el porcentaje rozar el 26%.

Este escenario obliga a rediseñar ciudades más seguras, con una mayor calidad del aire, menos ruidosas y que ayuden a mitigar el cambio climático. Una tarea en la movilidad se presenta como una palanca decisiva. As, en 2021 ya se decidi, por ejemplo, reducir a 30 km/h la velocidad en todas las calles de un solo carril por sentido de la circulación. Aunque nada que ver con las implicaciones qu’tendr la -correcta, se entiende- aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones, o ZBE. Básicamente, existen restricciones a la conducción, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes. Sobre todo, en centros histricos y dirigidos a que los coches que carecen de la etiqueta medioambiental de la DGT.

Las ZBE, que ya existen en ciudades como Madrid, Barcelona, Pontevedra, Pamplona Oh Sevilla (con su centro restringido al tráfico privado), cobraron carta de naturaleza en mayo de 2021, dentro de la Ley de Cambio Climtico y Transicin Ecolgica. En conocido articulado, se reconoce que todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes deberán tenerlas en marcha desde este enero. La medida, además, haca extensiva a aquellas poblaciones con más de 20.000 habitantes cuyos niveles de contaminación están por encima de los permitidos.

Cruzado ese umbral, apenas 20 de las 149 grandes urbes obligadas a tenerlas en marcha lo han hecho. Además, en algunos casos, con moratorias y particularidades como el caso de Rivas, en Madrid, que las ha limitado a zonas escolares. Del resto, la gran mayora lo harn a lo largo de este ao y algunas, como Santander, esperarn a 2024. Ello, a pesar de las amenazas de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transicin Ecolgica, Teresa Ribera, quien rechaz retrasar la medida , como lo haba pedido la Federacin Espaola de Municipios y Provincias (FEMP).

Esta última argumentó que el Gobierno no había aprobado el Real Decreto que las regulaba, creando una normativa nacional homogénea que les diera cobertura jurídica ante los reveses que habían sufrido en los tribunales las ZBE de Madrid y Barcelona. Esto es normal no tuvo el visto bueno hasta el pasado 27 de diciembre, pero Ribera se escud en que los municipios tenan desde noviembre de 2021 un manual con directivas bsicas qu’haba elaborado precisamente junto a la FEMP. Por tanto, ahora solo intentará ajustar los proyectos al Real Decreto.

Habr que ver cmo acta el Ejecutivo contra esa gran mayora de ciudades rezagadas, algunas de las cuales se escudan en que las inversiones para poner en marche las ZBE -por ejemplo, para instalar lectores de matrculas- beben de los fondos Next Generation de la UE y, las que los tienen ya concedidos, disponen de todo 2023 para ejecutarlas.

Hay fondos de Bruselas porque, bajo el paraguas global de lograr la descarbonización completa en 2050, le lucha específicamente contra la mala calidad de l’aire que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, provocaba 20.000 muertes prematuras anuales en España.

Además, aunque en los últimos años se ha reducido el porcentaje de población expuesto a ese día, el Real Decreto recuerda que «casi todas las capitales de provincia presentando datos de calidad del aire que incumplen las pautas de la OMS (Organización Mundial de la Salud). del nitrógeno) «sistémicamente».

A ello se añade que el transporte responde de buena parte de esa contaminación: hasta el 27% de los gases de efecto invernadero, el 6,7% de las partículas finas PM25 y el 30,6% del NOx. Al margen de ser la principal fuente de ruido.

De ah el gran alcance de la poblacin afectada por la llegada de las ZBE: 25 millones de personas (el 53% del censo) contando slo las 149 grandes poblaciones, incluyendo el 68% si aadimos hartos de más de 20.000 habitantes. Y de ah tambin que se busque alterar el orden tradicional de la movilidad, colocando en primer lugar al turban y en ltimo, a los vehculos privados, hoy mayoritariamente de combustin ya los que se dedica hasta el 60% del espacio pblico, sea para la circulación o estacionamiento. Además, se quieren potenciar el uso de la bicicleta y patinetes, los vehículos de uso compartido y, especialmente, el transporte público en unas ciudades que han evolucionado desde el modelo mediterráneo -con todo muy concentrado- hacia otro con un diseño disperso -con espacios separados para trabajo, residencia y ocio- que obliga a un mayor número de desplazamientos y requerirá la construcción de grandes aparcamientos disuasorios que hoy brillan por su ausencia.

transporte público

Abundando en el tema, el transporte público es precisamente del que menos contentos se muestra a sus usuarios según la última encuesta de movilidad del INE. En ella se sella que el 63% de quienes se tienen que desplazar de forma obligada -por trabajo o por estudios- dentro de una ciudad, usar un medio de transporte particular. Y en nueve de cada 10 casos, es un coche.

Sobre este punto, el INE declaró que las respuestas se refieren a la situación previa al Covid, por lo que no se considera el posible teletrabajo. En cualquier caso, y de nuevo según el INE, esta modalidad laboral disminuirá en 2022 hasta el 14% de los ocupados de entre 16 y 74 años y solo seis de cada 10 lo desarrollaron de forma completa. La cifra es apenas la mitad si la fuente es la EPA.

Inmersos en un ao de elecciones municipales, otro de los grandes escollos es que la zbe calen entre la ciudadana. En este sentido, un estudio de la empresa de movilidad Alphabet sealaba que casi el 40% de los espaoles desconoce que son estas reas, pero ocho de cada 10 las aprueba una vez sabe de qu van.

Sobre el mismo asunto, el ltimo Eurobarmetro publicado el pasado octubre recoga que slo el 25% haba odo hablar de las normas de calidad del aire en la UE y que, puestos a reforzarlas -lo que piden siete de cada 10- la mejor herramienta es aplicar los controles más estrictos a la industria y la producción de energía. Luego, favorezca los medios de transporte con bajos niveles de emisiones. A cambio, la adopción de restricciones como las qu’implica las ZBE apareca como la novena medida en un panel de 14 actuaciones.

Y ya no es slo informar de para qu sirven. Tambin se debe sellar de forma clara dnde comience y los vehculos afectados. En este, el mal gestin que el Ayuntamiento de Madrid hizo cuando puso en marcha la ZBE de sentido reforzado en Plaza Elptica, hizo que en nica mes -marzo de 2022- se impusiesen ms de 50.000 denuncias. Y eso que se haba dado un plazo informativo anterior de tres meses.

Asimismo, es básico que su implementación no traslade los problemas de contaminación ambiental o de ruido a las áreas adyacentes a las ZBE. Por el contrario, se debe buscar el efecto contagio en ellas de sus beneficios.

Igualmente, hay que tener en cuenta que las restricciones afectarán más a las clases menos pudientes que no disponen de medios para acceder a vehículos de bajas o cero emisiones, los nicos a los que en el futuro se permitirá el acceso. Sobre todo, cuando los desplazamientos tienen un origen laboral, lo cual demande abordar también el boom del reparto de última milla qu’ha propiciado el auge del e-commerce.

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