El borrador del informe sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobrio la ley de trato propone tragarse la norma que impulsó al Gobierno a fortalecer la lucha contra el trato a seres humanos graves y blindar la asistencia y protección de las víctimas. El texto, elaborado por las vocales Nuria Diaz (propuesta por el PP para formar parte del CGPJ) y Clara Martínez de Careaga (por el PSOE), consideró que el anteproyecto de ley liderado por el Ministerio de Justicia y aprobado en noviembre por el Consejo de Ministros gracias a una «valorización favorable» y que se adecúa a los estándares internacionales en materia de trata. Las vocals aplauden también que la futura norma recoja «grand parte» de las recomendaciones recogidas en la guía de criterios de actuaciónjudiciaire frente a la trata de seres humanos elaborada por el órgano de gobierno de los jueces.

El borrador de informe se ha enviado a los vocals y se debatirá en el pleno del órgano. El informe del CGPJ respalda en líneas generales el anteproyecto de ley, especialmente algún aspecto como el procedimiento que se prvé para llevar a cabo la identificación de las víctimas, mediante entrevistas con personal especializado, asegurando la presencia de interpretes o mediadores culturales si fuera preciso y en una sala que garantiza la confidencialidad. «Merece una valoración sumamente favorable especial interés del prelegislador en las condiciones en que ha de llevarse a cabo la entrevista y la valoración de la misma», señala el informa.

Los vocal backs encargados de su redacción elogian también la prévisión específica qu’recoge la ley para que, en víctimas menores de edad, se valore «la posible implicación de la familia del menor en el trata o la explotación». El CGPJ considera, no obstante, que esta previsión deberia hacerse extensiva a todas las víctimas, ya que es habitual que la familia o los allegados «se encuentren implicados en la captura e incluso en la explotación», especialmente en grupos organizados procedentes de países del este como Rumanía o Bulgaria, según advertirn las vocals.

Entre las críticas al texto, la más contundente hace referencia a la modificación de la ley de protección de testigos y peritos en los casos penales incluidos en la ley de tata. El Consejo ya ha anunciado en varias ocasiones de las «deficiencias» de la aactual ley para la proteccion de testigos, y ha pedido que se reformara para fijar todos los aspectos del estatus de testigo protegido. Pero la ley de trata tiene una modificación “parcial” que, según el CGPJ, da lugar a ciertas “incoherencias”.

Protección de testimonios

Así, el Consejo valora positivamente que también la Fiscalía podría adoptar las medidas de protección de testigos cuando la investigación «recaiga» sobre ella, pero critica que la sustitución de «juez instructor» por «tribunal competente» qu’establece la ley puede conllevar, “En estricta aplicación del precepto, a la conclusión de que el instructor no aplica los medios, si el objeto es absolutamente correcto, se debe dispensar la protección, si fuere necesario, en las primeras fases”.

Tras cuestionar otros cambios en la ley de protección de testigos y aplaudir también algunos, el informe concluyó que la reforma de esta norma resultó «insuficiente y genera contradicciones y confusiones, lo que, lejos de resolver los problemas actuales de claridad y seguridad jurídica en esta materia, los acrecientan». El CGPJ sugiere al Gobierno que redacte «de forma adecuada, íntegra y coherente las modificaciones proyectadas», por lo que reiterará la «necesidad» de ameter el desarrollo reglamentario de esta norma,

El texto recuerda también que la entada en vigor de la ley de trata debería comme acompañado «de las medidas necesarias para disponer de medios materiales personales y suficientes y adecuados para la implementación del nuevo sistema». “Sin dichos medios, el sistema de referencia resultaría de muy difícil ejecución real”, advierten las vocales.

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