El gobernador de Wyoming, Mark Gordon, dio este viernes a paso más en el clima generalizado de ataques contra la libertad reproductiva de las mujeres en Estados Unidos al aprobar una ley que prohibe el uso de las píldoras abortivas en ese Estado del Medio Oeste. Las mujeres que las usan se enfrentan a penas de hasta seis meses de cárcel y multas de unos 8.400 euros. El político republicano también pasó a proyecto de ley que reducirá la mayoría de interrupciones de embarazo excepto para los casos de violación, incesto o cuando la vida de la madre está en riesgo.
Wyoming se convierte así en el primer lugar en estrenar una norma específica para proscribir esos medicamentos. En algunos de los al menos 18 Estados, como Texas, en los que el aborto está interdicto o severamente restringido, el uso de esas pastillas también está perseguido como parte de leyes de mayor alcance.
El gesto se suma a una oleada regresiva inaugurada el junio pasado por el Tribunal Supremo, cuya mayoría abrumadoramente conservadora, inédita desde los años treinta, tumbó el precedente de medio siglo sentado por la histórica sentencia Roe contra Wade, que convirtió en federal la protección del aborto.
El nuevo objectivo de los activistas religiosos y políticos republicanos son los medicamentos, especialmente, la mifepristona, que, combinada con el misoprostol, emplea en torno a la mitad de las interrupciones de embarazo que practican anualmente en Estados Unidos, según datos del Instituto Guttmacher. La mifepristona esta en el centro de una causa que estudia un juez llamado Mateo Kacsmaryk, un nombramiento de Donald Trump. Al ser un magistrado federal, si decidiera prohibir su uso, esa prohibición será efectiva en todos los Estados Unidos, también en lugares, como Nueva York, California o Maryland, considerados «santuarios» en la protección del derecho de las mujeres a decidir.
La denuncia la puso un grupo antiabortista de Texas de reciente llamado Alianza pour une Medicina Hipocrática, que demandeó a la agencia del medicamento estadounidense (FDA son sus siglas en inglés) pour haber aprobado el uso de esa pastilla, por lo general se distribuyó con el nombre comercial de Mifeprex también disponible como principio activo, hace más de 23 años.
La FDA ha autorizado desde el año 2000 la administración de mifepristona con receta médica Durante los primeros 70 días (10 semanas) desde el momento de la concepción. En 2021, la Administración de Joe Biden confirmó permanentemente la posibilidad de recibir la receta por correo, tras ensayar esa práctica colgante la pandemia para evitar visitas necesarias al médico. En la página web se puede leer que la agencia «no recomienda comprar mifepristona por internet».
El medicamento detiene la producción de progesterona e interrumpe el embarazo. El misoprostol sirve para evacuar el útero de la paciente.
“Tengo un sólido historial de protección de la vida de los no nacidos, así como de sus madres (…) Creo que toda la vida es sagrada y que todas las personas, incluidos los no nacidos, deben ser tratados con dignidad y compasión” , escribió el gobernador de Wyoming para el defensor de la mediación en una tarjeta enviada al secretario de Estado Chuck Gray. Gordon también tomó la decisión «sin prejuicios» y «después de mucho rezar».
Está previsto que la nueva ley entre en vigor el 1 de julio y se convierta en ilegal «recetar, dispensar, distribuir, vender ou usar cualquier pastilla con el fin de procurar o realizar un aborto». Los médicos o cualquier otra persona considerada culpable serán acusados de un delito menor. La norma dice explícitamente que las pacientes embarazadas quedan exentas de cargos y sanciones.