El Gobierno ha aprobado este martes la planificación hidrológica de las 12 cuencas de los ríos que son de su competencia por extenderse por varias comunidades autónomas. Los planes de cuenca, que se deben actualizar periódicamente, son la hoja de ruta que regirá los distintos usos del agua que se le da de aquí a 2027. Y el principal de ellos —con un consumo de alrededor del 80% de los recursos— es el regadio agricola. De todos estos planos, el más sensible es el que afecta al río Tajo. En primer lugar, el Ministerio para la Transición Ecológica ha fijado un caudal ecológico para este río, como le exigen cinco sentencias del Tribunal Supremo, la normativa europea y la Ley de Aguas desde hace 22 años. Pero establecer ese caudal —algo así como un mínimo de agua que debe circular— tiene consecuencias más allá de la cuenca, en Alicante, Murcia y Almería. Porque ese caudal reducirá la cantidad de agua que se trasvasa desde la cabecera del Tajo al Mediterráneo y que se destina al consumo doméstico, pero sobre todo para cuidar los cultivos.

El Gobierno, pese a las presiones ejercidas sobre las comunidades afectadas y con el apoyo de Castilla-La Mancha, aprobó finalmente el embargo de este caudal. El punto de control más importante es Aranjuez, donde establecerá un mínimo, aunque de forma progresiva. Para 2023 habrá 7 metros cúbicos por segmento, en 2026 8 metros cúbicos y en 2027 8,6.

Menos agua trasvasada

Al fijarse ese mínimo de agua que puede llevar el río habrá consecuencias, porque se trasvasará menos agua previsiblemente al Levante. Todo dependerá de dónde se reduzca ya que será grande, pero en un contexto de crisis climática en el que los recursos disponibles se reducen y se reducen más en el futuro, el panorama no es favorable para los cultivos de Almería, Murcia y Alicante. Al menos, si su intención es que el trasvase siga siendo la piedra angular de su sector. Fuentes del Gobierno estima que el trasvase podría reducirse en una horquilla de 70 a 110 hectómetros cúbicos anuales en el peor de los escenarios (el trasvase medio anual ronda los 320 hectómetros cúbicos). Pero, para suplir esta caída, el ministerio apostó por el agua desalada.

El Gobierno afirmó que en este momento, hay en pasos inversos aumentar la capacidad de desalinización para lograr en 2026 esos 110 hectómetros cúbicos que se perderán con la fijación del caudal ecológico. Pero el problema no sería ya de cantidad, sino de costes, porque los agricultores de las comunidades afectados sostienen que el agua desalada es mucho más cara (entre tres y cuatro veces) que la que les llega desde el Tajo por el acueducto.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica sostienen que ese plan de desalación que tienen en marcha ―cuyo coste ronda los 600 millones— contempla también que todas las instalaciones que Producen el agua contendrán con plantas photos asociadas para reducir el coste de la desalación, ya que es la energía que se requiere lo que más encarece el precio final. La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró este martes que tienen previsto establecer además un precio máximo de 34 euros por hectómetro cúbico para abatar más el agua desalada. Ribera, que participó en la rueda de prensa con el Consejo de Ministros, registró que el compromiso es que no haya un «precio desorbitado», sino «asumible».

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Consciente de la agitación política que puede generarse en Valencia, la vicepresidenta pidió que se hiciera mención a su compañero de partido Ximo Puig, presidente de la Generalitat, y defendió una política de «diálogo constante» con las comunidades afectadas. Pero Ribera ha enfatizado que «no se debe cuestionar las sentencias», en referencia a los pronunciamientos del Supremo sobre la necesidad de fijar los caudales ecológicos. «Debemos anticiparnos a un escenario problemático», ha insistido en referencia también a la reducción de la disponibilidad de agua, también en el Tajo, debido al calentamiento global. El VP está registrado desde 1980 y se ha reducido en el agua disponible en las cuencas de España al 12%. Hay escenarios que se plantean su «cada vez más duros». Además, Ribera ha apuntado a que en 2017 y 2018 el trasvase estuvo ya cerrado (con la normativa aprobada por el PP) 11 meses debido a la falta de lluvias y el bajo nivel de los embalses, una situación que se prvé que pueda cronificarse.

Observaciones finales

El Consejo de Estado informa favorablemente a la semana pasada sobre la nueva planificación hidrológica que este martes se ha aprobado en el Consejo de Ministros. Además, del trasvase del Tajo, aunque incluye algunas recomendaciones sobre el futuro establecimiento de los caudales ecológicos y la coordinación de las medidas que se toman en esta cuenca y que pueden afectar a otras zonas, como el Levante. Fuentes de Transición Ecológica aseguran que tras esas recomendaciones del Consejo de Estado se han retocado los textos, pero solo en cuestiones de formación y no de fondo.

Una de las últimas batallas libradas desde las comunidades mediterráneas fue par la inclusión de una cláusula que permitirá que la fijación final de los caudales sea abierta y condicionada a la elaboración de una forma de situación del río en 2025. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que en el texto definitivo aprobado no se contempla ”una aplicación condicionada” de los caudales, que son los que ya estaban previstos cuando se empezó a tramitar la nueva planificación. El ministerio defiende que solo faltaban las cuencas del Ebro y del Tajo por tener estos caudales ecológicos, que buscan que jore la mala calidad de las aguas de los ríos del país.

mejorar el estado de los rios

Partiendo de esa reducción del 12 % del agua disponible en los ríos españoles des de 1980 y de lo que pronostican los modelos de evolución de la crisis climática, los planes de cuenca aprobados este martes contemplan por primera vez «un cambio de tendencia en el uso de los recursos”, explicó Transición Ecológica a través de un comunicado. “En términos concretos, las asignaciones se reducen para los distintos usos, pasando de los 28,000 hectómetros cúbicos anuales que marcaba la anterior planificación a 26,800”. Además, defiende el ministerio, “para diversificar las fuentes de obtención del recurso se dota de mayor protagonismo a la desalinización, de forma que se garantiza el suministro y el equilibrio entre las demandas y los requisitos ambientales”.

Además de garantizar los usos del agua, el objetivo de los planes de cuenca también es mejorar el estado de los ríos y otras masas, que no es buena. Y una de las razones es la deficiente depuración que tiene lugar en España de las aguas urbanas, que ha motivado que el país pague la mayor multa de su historia a la Unión Europea. La estimación total que se contempla en los planos de cuenca se estima en 22.844 millones de euros (de los que el 46,7% es su financiación estatal y el restaurante de comunidades autónomas y colectividades locales). La mayor partida —6.643,67 millones— es la destinada a las infraestructuras de puración y saneamiento. Entre otras cosas, se pretende evitar que España vuelva a ser sancionada por los expedientes comunitarios que tiene abiertos todavía por verter las aguas sin depurar suficientemente a los ríos.

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