El Gobierno negoció canjes en la ‘ley del solo si es si’ sin tocar el consentimiento | Compañía

El Gobierno confirmó el sábado que la ley del solo si es si se modificará para paliar «a futuro» las consecuencias que está teniendo la aplicación de la norma, que se ha derivado en el caso 300 rebajas de condensas y una veintena de excarcelaciones delincuentes sexuales tras la revisión de sus sentencias. El cómo se llevarán a cabo esas modificaciones es lo que no se confirmó desde el Ejecutivo porque, explicaron, aún no estaba definida la manera de hacerlo. Sin embargo, este lunes por la mañana, la Cadena SER ha adelantado que la propuesta del Ministerio de Justicia es volver a las penas anteriores en los casos en los que haya violencia o intimidación. Fuentes gubernamentales aseguraron que la reforma «no altera la filosofía de la norma, no cuestiona el consentimiento».

La propuesta a la que ha tenido acceso a la emisora ​​reclama volver a penas de entre 1 y 5 años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima y de entre 6 y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual mar con penetración. En los supuestos en que haya agravantes también pide volver a las penas anteriores: de entre 5 y 10 años cuando no haya penetración y de entre 12 y 15 cuando sí la haya. La propuesta es extensible a los casos en los que la víctima sea menor.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este lunes, en declaraciones a los medios en Santander, que el consentimiento seguirá siendo el eje de la norma: “En la modificación que hagamos de la ley del solo si es si, el consentimiento volverá a estar en el centro. No podemos permitir que nuevamente en juicios con agresiones sexuales encima de la mesa se pregunte a las mujeres si se resistieron lo suficiente o cómo iban vestidas; por tanto, el consentimiento es nuclear tanto en la ley actual como en la modificación que hagamos”. Tras estas declaraciones, el PSOE ha anunciado la presentación en el Congreso de una legislativa para realizar estos cambios y en la que no se modificará el artículo referido al consentimiento de la mujer.

Igualdad rechaza el borrador de Justicia

Desde Igualdad se remite al rechazo al borrador de la proposición que hay ahora mismo sobre la mesa. El departamento que encabeza Irene Montero lamentó que la propuesta de Justicia sea «la misma» que la que ha hecho el PP y, en su lugar, ha plantado al socio mayoritario del Gobierno «un plan de medidas urgentes para proteger a las víctimas de violencias sexuales e implementar la ley”. «por la victima.

El decálogo de medidas que plantó Igualdad se centra en destapar el resto del texto con el foco puesto en la protección de las víctimas; algo que el Gobierno barajaba como una de las posibilidades y que fue a la que aludió a la ministra de Justicia, Pilar Llop, el 20 de enero, cuando asumió que no habita de frenar las rebajas y claro y que lo más efectivo era exacto en déarrollar las medidas de protección previstas en la norma.

En la nota que Igualdad ha hecho pública esta mañana hace referencia a que «no existe ninguna reforma penal de la ley que pueda frenar las revisiones» de las sentencias e insiste en que si esto están produciendo tanto rebajas como excarcelaciones, «son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley”. demostrar la violencia sexual ejercida contra ellas”.

En este sentido, Igualdad propone duplicar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer y reforzar la Fiscalía exclusiva de este ámbito para ampliar sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas y la inclusión en el servicio telefónico de asistencia y protección a víctimas de violencia generacional (ATENPRO), con la ampliación del número de dispositivos; el refuerzo de las unidades de valoración forense integral; y la formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia, Interior, Educación y Sanidad.

También propone la implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales; la creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema Nacional de Salud para la recuperación completa de las víctimas a largo plazo; el incremento del número de agentes que el Ministerio del Interior indica que dedican de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual [ahora lo hacen exclusivamente con la violencia en pareja o expareja]; y la implementación de puntos morados en todas las dependencias y equipamientos públicos que deriven los servicios de atención e información a todas las víctimas.