“Si bien, institucionalmente, la intervención del presidente Cortizo tuvo que ser prematura, al sentar a los partidos y ordenarles una reunión, el resultado fue positivo”.
La realidad de las cosas es que la tarea de legislar recae constitucionalmente en la Asamblea Nacional, ninguna campaña para desacreditar a ese órgano del Estado puede quitarle lo que le corresponde. Esto no es democrático, aunque no nos guste el desempeño de la Asamblea. En estos días que se debaten las reformas electorales, lo que ha sucedido requiere una reflexión. El Tribunal Electoral, reconstituido después de la dictadura, ha ido acaparando poderes, poder y control, con méritos en su ejecución, pero gradualmente excluyendo y desplazando a los partidos políticos incluso de la organización y administración de los procesos electorales internos. Entre otras cosas, con la importante apertura a candidaturas independientes a contrapelo del diseño estructural de la participación política en Panamá. Como dice un abogado, «la soberbia promovida por la sociedad civil llegó al extremo de pretender desconocer los poderes constitucionales de la Asamblea para imponerles supuestos consensos de propuestas que podían discutir, pero que debían aprobar sin modificaciones». Por tanto, hay que recurrir a la Constitución y aplicarla de forma objetiva, no cuando nos conviene, y cuando no, no. Si bien, institucionalmente, la intervención del presidente Cortizo tuvo que ser prematura, al sentar a los partidos y ordenarles una reunión, el resultado fue positivo. Ahora, cada uno, a jugar su papel, como debe ser. ¡Simple como eso!