InterEnergy Group: Polémica en Panamá por central a gas
El Lic. Moisés Bartlett, director del estudio Bartlett Quiel, compartió los fundamentos de la demanda que impulsa solicitando la nulidad de la prórroga al contrato del proyecto de gas natural Generadora Gatún de NG Power, que ahora está en poder del consorcio formado por InterEnergy Group (cincuenta y uno por ciento ), AES (24 por cien ) y el Estado panameño (veinticinco por ciento ).
¿Cuándo iniciaron las irregularidades del proyecto Generadora Gatún?
Este contrato se dio por el Estado panameño en favor de NG Power en el año 2013, en una licitación que fue cuestionada por todo el mercado eléctrico.
¿Qué polémicas identificó?
Fueron razones muy específicas. Entendemos que los pliegos variaron 24 horas ya antes de la presentación de propuestas para hacer un traje a medida de NG Power. Ese fue el primer acto que se demandó por la vía penal.
Sumado a aquello, NG Power no cumplió jamás con los requisitos y exigencias pautadas en ese contrato. Entre otros, jamás presentó un cierre financiero. Nadie supo qué empresa o qué entidad iba a financiar este proyecto. Se le dieron una serie de flexibilidades a fin de que cumpliese con estas demandas y nunca fueron presentadas.
En tercer lugar, este proyecto que llamo «proyecto fantasma» -pues hace unos años debió entrar en operación y lo que hoy existe es sencillamente un terreno baldío, no hay movimiento de tierra o bien estructura levantada- se aprobó con un estudio de impacto ambiental categoría 2.
¿Qué implicaría esta categoría?
En la normativa Ambiental de Panamá quiere decir que su impacto es mínimo. No obstante, otros proyectos de generación de energía eléctrica a base de gas natural lindantes exigen un estudio de impacto ambiental de categoría tres por el riesgo que exige estar en la zona de entrada atlántica del Canal de Panamá, con navegación continua de números significativos y además con presencia de comunidades en los alrededores.
Esto también lo demandamos penalmente, lastimosamente.
¿Debería anularse el contrato de este proyecto?
La licencia terminante otorgada a NG Power ha vencido. Nuestra legislación demanda que para tener vigente un contrato de suministro de energía y potencia se debe contar con una licencia definitiva. El 18 de noviembre del año dos mil veinte la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá me certificó que no habían prorrogado la licencia.
A partir de ahí solicité de oficio que lo que procedía era su cancelación. Mas no se pronunciaron.
¿Cómo este año ya se hablan de tres contratos para el suministro de energía y potencia?
Eso es completamente ilegal.
Por eso, hemos acudido a la sala tercera contenciosa administrativa de la Corte Suprema de la República para pedir la nulidad.
¿El Estado podría haber cobrado por los perjuicios de no haberse ejecutado el proyecto a tiempo?
No conozco las cifras, mas obviamente hay una fianza extendida por una empresa aseguradora que lo que corresponde en derecho es que el Estado por medio de la Autoridad de los Servicios Públicos capte la fianza, exija el resarcimiento, e incluso llame a una nueva licitación.
En el caso de proseguir con el contrato, ¿no se requeriría un ajuste de costos?
Ese contrato es sumamente caro, sobre el resto de los actores del mercado eléctrico. Con una prórroga, la proyección en veinte años al 2043 significa que se va a incrementar el costo de la compra para las distribuidoras y la propia empresa de distribución eléctrica de la República de Panamá me ha certificado que ese costo sería trasladado a los usuarios.
Eso quiere decir que hay una afectación significativa en el costo de la energía eléctrica para los ciudadanos.
Comentaba que en un debido proceso correspondería llamar a una nueva licitación pública…
Sí, si el mercado de este modo lo exige. Esto permitiría acomodar los costos a la realidad, consiguiendo una equidad con el resto de los generadores o hasta valores más competitivos.
Hasta el momento, la licitación del dos mil trece que nació mal, se ha mantenido con trámites y razonamientos que son desde irregulares hasta ilegales.
¿De ese modo se está privilegiando un proyecto a gas por sobre eventuales licitaciones de energías renovables?
En el planeta de hoy lo conveniente para el medioambiente es tener energías sustentables. En derecho, debe hacerse eficaz la cancelación de las licencias, declarar la nulidad de las prórrogas y abrir una licitación dirigida a la energía renovable. Eso debería hacer la República de Panamá.
¿Considera oportuno que la Acodeco – Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia- emita su situación respecto?
Ya muchos actores han pedido que no se siga con la negociación de esos contratos. Y debería intervenir no sólo la Acodeco, sino más bien también el Sindicato de Industriales, la Cámara de Comercio y demás asociaciones de generadores.