Fernando Grande-Marlaska, junto al alsecretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en la reunión celebrada este martes con responsables policiales para abordar el repunte de los asesinatos machistas.A. Pérez Meca (Europa Press)

El Ministerio del interior dar instrucción a las fuerzas de seguridad para que, en los casos de violencia de género que se consideren «potencialmente letales» y no se haya ordenado el intrusion en prisión del agresor, pidan a los jueces que ordenó que se coloque a este una pulsera de control telemática con objeto de reducir el riesgo de daños. Esta es una de las 10 medidas que se podrán marchar próximamente para mejorar la lucha contra los asesinatos machistas tras el análisis de los 49 crímenes de 2022 y los tres confirmados de 2023 que se han dado cuenta en los dos últimos días los expertos de Interior junto a los jefes de las unidades de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Policía Foral, según detallan fuentes del ministerio.

La petición a los magistrados de colocar una pulsera de control telemático al presunto agresor la realizarn los agentes tiene a través de los informes de valoración de riesgo que elaboran siempre que reciben una denuncia y envían al juzgado. Esta petición será automática como resultado de este análisis concluyendo que existe «Riesgo medio de especial relevancia» de que la víctima pudo haber sido agregada, han detallado las mismas fuentes. A final de agosto, último dato disponible, tenían instalado una de estas pulseras 2.935 agresores, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Una cifra que se mantiene estable en la actualidad, según fuentes de Interior. La medida permitió que la víctima recibiera una notificación cuando el maltratador se acerque a menos de 500 metros de ella. Esta medida se ha mostrado especialmente efectiva, según señala Interior. De hecho, ninguna de las víctimas del año pasado la tenía instalada.

Esta iniciativa va en la línea de las instrucciones que impartió el pasado martes la fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, en un oficio dirigido a los impuestos. En el mismo los instaló, al considerar que no se dan las circunstancias para solicitar prisión provisional para un agresor, está interesado en la instalación de un dispositivo de control telemático “con el fin de proteger a las víctimas”. Una medida que se pedirá a posteriori si en un primer momento no se consideró necesaria pero posteriores valoraciones de riesgo detectaron «una agravación» del mismo. La fiscal pide que esta medida vaya más allá de la instrucción de la causa escrita y sea llevada “al de acusación provisional o al elevar las conclusiones a definitivas à fin de controlar con el dispositivo el cumplimiento de la pena de prohibición de aproximación para el caso de los cuales se dicta sentencia condenatoria”.

El encuentro de los expertos policiales en el que ha cordado esta medida ha puesto en foco en dos figuras. Por un lado, el denominado «agresor persistente», en referencia a aquellos que reinciden con la misma u otras víctimas, y que, según los datos de Interior, son el 20% de los maltratadores machistas. Por otro, en las llamadas «víctimas resistentes», término con el que se alude a aquellas mujeres que no denuncian, que no quiere seguir adelante cuando lo hacen o, incluso, entorpecen las labores policiales para su protección o la propia investigación del caso. El pasado octubre, Interior ya distribuyó entre los agentes instrucciones concretas para abordar estos casos. En aquel documento policial recalcaba que los estudios realizados en España fijan en más de ocho años el tiempo medio para que una mujer se decida a denunciar a su maltratador.

To hacer frente a los maltratadores «persistentes», las conclusiones de l’encuentro inciden en la necessidad d’hacer un «stricto» seguimiento de qu’applican las medidasjudices acordadas para el agresor, al qu’alizarán reevaluaciones periódicas para detectar un posible » increment» de su peligrosidad». También se prestará especial atención en aquellos que tengan antecedentes por agresiones u homicidios anteriores. acomodo jurídico adecuado» para, por ejemplo, dar a conocer a la víctima que su agresor tenía antecedentes por maltrato a otras mujeres antes, aunque confirme las dificultades para conjugar esta medida con la ley de protección de datos.

Ya en el documento de octubre, Interior recalcaba «la importancia de que las víctimas conozcan su nivel de riesgo», especialmente cuando este se considera elevado o haya menor. El objeto es que «la mujer pueda manejar de alguna forma determinados escenarios de riesgo, le ayude a comprender más la peligrosidad del agresor y aumente la conciencia sobre la gravedad de la situación cuando no se hayan detectado señales claras de alerta previa».

En línea con lo señalado recientemente en este sentido por la Fiscalía en un informe, Interior estudia tomar esta medida únicamente cuando un factor de riesgo relevante para la vida de la mujer o sus hijos, la medida se considera proporcional a la amenaza, y se considera es necesario que la víctima adopte medidas de autoprotección. En las finales de diciembre, 43.670 mujeres tenían algún tipo de protección. De ellas, 726 tenian riesgo algo y otras 18 este era extremo.

Otras medidas acordadas en el encuentro van enfocadas a mjorar la actuación policial ante la recepción de las denuncias de maltrato machista tanto por parte de los integrantes de las unidades de lucha contra la violencia de género como de los agentes de seguridad ciudadana, que en muchos casos son los que tienen el primer contacto con la victima. Para ellos, actualizará el protocolo actual para que se más fácil de utilizar y entender, y los acosó, precisamente, en los casos de «víctimas resistentes». También se van a revisar los criterios y supuestos que se aplican en la actualidad para declarar inactivo un caso. El objetivo es que los agentes sean «más rigurosos» cuando deciden hacerlo y, de este modo, sea mayor el número de los que se mantienen como activos más tiempo. Interior también planteó fortalecer las unidades territoriales contra la violencia de género de las fuerzas de seguridad, que en la actualidad suman 2.800 efectivos.

Las medidas también inciden en la necesidad de incrementar las actuaciones policiales «sobre el entorno de las víctimas», ante el convencimiento de que no solo esta, sino también su familia, vecinos y amistades «tienden a enmascarar la situación real» de violencia que sufre la mujer. El objetivo es detectar casos que, pese a que el entorno conoce que existe, no llegan a la policía. Para ello, Interior estudia elaborar campañas de publicidad para concienciar a la sociedad.

En el encuentro, los expertos policiales han incidido en que, pesa al repunte de los crímenes machistas de las últimas semanas, el Sistema Viogen sigue siendo «una herramienta potente y eficaz para detectar, evaluar y gestionar medidas de protección, y articular medidas de seguridad sobre los agresores”.