La Confederación del Guadalquivir, sobre la ley de ampliación de regadíos de Doñana: «Es un engaño» | Clima y Ambiente Medio

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el órgano gestor de esa cuenca fluvial dependiente del Gobierno de España, ha remitido a la comisión de Fomento del Parlamento andaluz, en la que la ley de ampliación de regadíos en Doñana, su informa técnico sobrio el mismo Un documento muy crítico sobre la norma de cuyo objectivo, «declarar unas zonas como regables cuando no van a tener acceso al agua», confirma que es «como mínimo, inutil, y con más exactitud, un engaño».

La CHG es una de las entidades llamadas a comparar en la Cámara autónoma para dar su opinión sobre la norma y, como en la tramitación de la primera propuesta sobre la regularización de regadíos quedó truncada con el adelanto electoral, ha pronunciado a través de un formulario , ese es su procedimiento habitual, según indican desde la Confederación. Esta organización es, además, el que debería autorizar, en última instancia y siempre que la ley que está tramitando entrara en vigor, la llegada de agua a los agricultores a los que se reconciera les ese derecho a percibirla, y ya ha anunciado de que eso no sucederá, porque el Plan Hidrológico del Guadalquivir prevenir el incremento de regadíos, algo que reitera en documento que ha remitido al Parlamento y al que ha tenido acceso a este diario.

En su conocimiento, el CHG advierte que la propuesta de ley es incompatible con el Plan Hidrológico del Guadalquivir —al que la Junta de Andalucía no se opuso― y con la ley de trasvase de 2018, que es la que garantiza la de 20 hectómetros cubicos (hm³) del Tinto, Odiel y Piedra a los regantes de Doñana para que sustituyan por agua de superficie el regadío que ahora obtienen de los acuíferos del humedal —y que ya están apalabrados—. También afirmó que contraviene las disposiciones europeas y de Naciones Unidas.

“El PDL es incompatible con el Plan Hidrológico al contradecir directamente tanto su normativa como sus objetivos […] También se sitúa al margen de la legalidad europea y de los compromisos internacionales adquiridos con la Unesco. La credibilidad del Reino de España queda cuesta menoscabada por esta iniciativa», señala el documento en el que se advierte de que todo esto llega en un «momento especialmente vulnerable» para Doñana por la situación de sequía extrema y el precario estado de las masas de aguas subterráneas del enclave.

Por la incompatibilidad con el Plan Hidrológico, la CHG dice que ya tiene claro «el incremento cero de regadíos, salvo los ya planificados». Las organizaciones recuerdan que la Junta nunca se opuso a esas políticas y le reprocharon muy duramente que, tras seis meses de consulta pública sobre el plan, el Gobierno andaluz no hizo referencia en sus alegaciones a la ampliación de regadíos en Doñana, pero dos días después , el 21 de diciembre de 2021, apoyoa la premiera proposición de ley. “Resulta incomprensible, salvo mala fe deliberada”, dice el informe, en el que también se incide en que la ley que ampara la Junta también es contraria con la articulación de ese plan en el qu’estipula que “no son compatibles las nuevas concesiones o modificaciones de características de los derechos existentes que supongan un incremento de la superficie regable o del volumen de riego”.

El informa también replica a los argumentos que han ofrecido en estos meses de polémica el PP, Vox y los miembros del Gobierno andaluz sobre que la ley no se centra en los derechos del agua, sino que est un plan de ordenación del territorio, que la zona afectada está a 30 kilómetros del Parque Nacional y que con esa norma se cumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021. Sobre el primer argumento, la CHG advierte que la propia ley que está tramitando reconoce que el reconocimiento de los derechos de agua «es un paso previo e imprescindible para que se pueda llegar al uso conforme a derecho del agua superficial». La entidad advierte de que los derechos de agua se cumplen según las previsiones de Planificación Hidrológica concluye que como la norma impulsada por las derechas andaluzas tiene por objeto declarar unas zonas regables «que no van a tener acceso al agua, es como mínimo inútil y, con más exactitud, un engaño”.

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En cuanto a la supuesta distancia que separa las extracciones del Parque Nacional, la CHG advierte que «los ecosistemas de Doñana no entienden de divisiones administrativas» y que «no es cierto que las zonas a clasificar como regables están lejos de las zonas protegidas» , que indica que en la Cuenca del Guadalquivir, el 93% de la superficie cubierta será únicamente suelo agrícola regable dentro de los 5 kilómetros de los límites de las áreas protegidas, de acuerdo con las imágenes de satélite de abril de este año.

La CHG califica como «sorprendentes» las afirmaciones del PP de que con la nueva ley se cumple en parte la sentencia del Tribunal Europeo porque en ella se pide a España qu’adopten medidas para preservar el estado del acuífero y los humedales ya que con la norma facilitará la llegada de agua superficial. «La llegada de agua superficial no es un objetivo en si, sino modo de eliminar extracciones de agua subterránea. La presente propuesta es más difícil y sienta a la Junta directamente en contra del cumplimiento de la citada sentencia”, concluye la organización.

También le informa que la administración andaluza contraviene las recomendaciones de la Unesco, que reconoce que el Plan de la Corona Norte, para compatibilizar el aprovechamiento agrícola con la sostenibilidad medioambiente de Doñana, aprobado en 2014, es la base fundamental para la gestión de este espacio natural.

Ausencia de plan medioambiental

The CHG muestra también su malentendido por el hecho de qu’esta propuesta de ley venga sin ningún plan que sirva de base para su formulación y que debería incluir un informe de evaluación ambiental en que probablemente haber sido consultadas las administraciones hay habilidades. “Se ha impedido la participación de este organismo de cuenca en un proyecto que no afecte en solo a una materia de conocida competencia, sino que versa de un tema tan conflictivo como Doñana”. A la entidad también le sorprende que la norma propugne cuando las conclusiones del Informe del Acuífero de Doñana de 2021/22 señalan que 13 de los 16 sectores de Doñana tienen una tendencia significativa a la baja, y dos de los tres que no podrían alcanzarla aproximadamente.

El informa también ha insistido en que la ley es incompatible con la ley de 2018 que aprueba el trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos de agua procedente del Tinto, Odiel y Piedra para los agricultores del término municipal de Almonte que ahora riegan con agua del acuífero. La CHG reconoce uno de los artículos de esa normativa para explicar cómo la nueva norma haría inviable el equilibrio en Doñana: donde la modificación de características que implique un aumento de la superficie en regadío en sistemas de aprovechamiento de recursos deficitarios como la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir”.

La CHG también dio a conocer además las conclusiones de cómo rompieron el consenso social que se registró en 2014 cuando aprobaron el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío de la Corona Norte de Doñana. “Su aprobación provocaría una división en la sociedad”, indica.

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