Las principales asociaciones de distribución y el gran consumo han recibido de buen grado el paquete de medidas anunciado hoy por el Gobierno contra el encarecimiento de los alimentos, entre la que destaca la eliminación temporal del IVA superreducido para los alimentos esenciales o el cheque de 200 euros para alquileres por debajo de 27.000 euros al año.
Las patronales ACES, Aecoc, Aged, Asedas y Fiab, que representan a supermercados, grandes superficies y fabricantes de alimentación, califican de «una buena noticia» las rebajas impositivas. Asimismo, crea que tendrán un efecto inmediato en los precios. En un comunicado de prensa, explicó que «tendrán un impacto directo y positivo en el bolsillo de los consumidores», y que contribuiría «a limitar el impacto de la inflación» en el «conjunto de la población».
«Las asociaciones del gran consumo, que venían proponiendo desde hace meses una reducción del IVA de los alimentos, acogen con satisfacción esta medida y mantienen la voluntad de diálogo y colaboración con el Gobierno para paliar los efectos de la inflación», indican.
Estas asociaciones vienen reclamando al Gobierno en los últimos meses las rebajas impostivas, sobre todo la rebaja de los alimentos frescos tiene un tipo reducido. Esto quedará en una rebaja del 10% al 5% en el IVA del aceite y de las pastas, quedándose fuera de categorías como la carne o el pescado. Estos patronales califican de «una oportunidad perdida» que no se han incluido otros productos que «son esenciales para la dieta mediterránea». También se queja de que «no se haya tenido en cuenta el sobreesfuerzo que va a suponer para el sector de la distribución el cambio de los productos afectados con tan pocas horas de margen».
Por otra parte, el Ejecutivo no ha incluido en las medidas anunciadas hoy la suspensión del impuesto al plástico, que entrará en vigor el 1 de enero y que era una de las grandes reclamaciones de los sectores del gran consumo, por el incremento en costos que the suponen, y que cifran en el entorno de los 700 milliones. «Hubiera sido una gran noticia seguir el ejemplo del resto de países de Europa y aplazar su aplicación, al menos, hasta el 2024», explica.