Esto se da a pocos días que el excandidato presidencial, Manuel Baldizón, quien recibió millones de dólares en comisiones ilegales saliera de prisión después de pagar Q1.8 millones sin oposición de la fiscalía por el mismo caso.
El anuncio lo hizo el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien detalló que las órdenes de aprehensión se dieron por los delitos de abuso de autoridad, obstrucción a la justicia y conspiración al haber “modificado” los convenios de cooperación.
Curruchiche además que persigue a valientes guatemaltecos, anunció que buscarán medidas contra el exjefe de la CICIG en Guatemala, Iván Velásquez, hoy ministro de la defensa de Colombia en un claro desconocimiento del convenio que dio vida a la CICIG.
Otro implicado en este sonado caso es el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, el cual fue acusado de establecer una trama de corrupción para beneficiar a Norberto Odebrecht. El acuerdo que implicaba al ex mandatario, a la ex vicepresidenta Baldetti y a otros 108 diputados, con una adjudicación de US$399.4 millones, fue aceptado por Sinibaldi lo que provocó que se le acusara de recibir $19.7 millones del total de $31.95 millones entregados.
También se le acusa de haber utilizado sus influencias como ministro para dirigir fondos públicos hacia empresas de cartón durante los años 2012 a 2014. Estas empresas, según la investigación, facturaban sumas millonarias que provenían de sobornos. Esta “ventanilla especial” permitía a los constructores recibir el pago que Comunicaciones les debía, pero Sinibaldi se quedaba con un porcentaje. Además, se le señala como uno de aquellos que participaron en el Caso La Coperacha para obsequiar bienes de alto valor a Otto Pérez Molina, quien ahora está condenado por La Línea. Estos regalos eran entregados al expresidente en ocasión de cada cumpleaños y se realizaban aportes económicos.
Los jueces pueden otorgar medidas sustitutivas como forma de liberar a los sindicados de la prisión preventiva. Esta es la situación actual por la que atraviesa el ex director de la CICIG, Iván Velásquez. El juez asignó dos montos distintos de fianzas según los casos que se le imputan. Por un lado, recibió una multa de Q500 mil, que ya ha sido pagada. Por otro, Q300 mil para el caso La Coperacha–Cooptación del Estado, que aún debe solventarse. Estas cifras se han convertido en una especie de estándar para los reos en Guatemala, pues el centro carcelario Mariscal Zavala ha sido identificado como una prisión vip para los presos más influyentes.
Esta situación ha generado sospechas de tráfico de influencias en el exministro, y a pesar de las denuncias y los dictámenes, los trabajos continúan. Esto nos lleva a preguntarnos si el gobierno está dispuesto a tomar alguna medida al respecto. ¿Es el caso de Sinibaldi un ejemplo de impunidad?
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