La Iglesia pagará un impuesto que ya abonan otras entidades sin fines lucrativos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes una orden ministerial por la cual esta institución tendrá que abonar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), de ámbito municipal. Esta norma, que entrará en vigor este sábado, nace del acuerdo ya cerrado el pasado mes de marzo entre el Estado y la Santa Sede.
Entonces, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, explicó que el pacto “supondrá que los ayuntamientos, que son los encargados de recaudar estos impuestos, obtendrán más de 16 millones de euros al año”. Fuentes del Ministerio de Hacienda señalan ahora que estas estimaciones son “complicadas”, pero rondará —como mínimo— los 10 millones anuales. El gravamen pesará sobre todas las parroquias, los edificios de la Conferencia Episcopal, las congregaciones religiosas y los colegios de estas congregaciones.
La Iglesia, en cambio, seguirá exenta de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Bolaños, no obstante, aclaró en marzo que el trato que tiene el Gobierno con la institución es “absolutamente equiparable a cualquier entidad sin ánimo de lucro”. Un portavoz del Ministerio de Hacienda afirma que, “por el momento”, el Ejecutivo no tiene en mente que la Iglesia u otras instituciones que utilizan edificios para el culto tengan que pagar el IBI.
El secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, explicó este miércoles que la orden ministerial convertirá el acuerdo alcanzado con la Conferencia Episcopal “en derecho positivo”, y aseguró que dará certeza jurídica a los municipios y a los órganos gestores de este impuesto. Tras la publicación en el BOE, se pone fin a la Orden del Ministerio de Hacienda del 5 de junio de 2001, que contemplaba incluir a este tributo a ese tributo municipal en el paquete de impuestos exentos para la institución religiosa.
Este acuerdo fiscal se concreta un año después del pacto alcanzado con el asunto de las inmatriculaciones. La Conferencia Episcopal afirmó entonces que no le correspondían cerca de un millar de los casi 35.000 inmuebles que puso a su nombre gracias a la ley Hipotecaria del primer gobierno de José María Aznar, del PP, en el año 1998. Castilla y León encabeza la comparativa nacional con 4.096 terrenos, pisos, campos de cultivo y otros bienes no directamente vinculados con iglesias, ermitas u otras dependencias parroquiales. Esta comunidad autónoma supone el 30% de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia.
El pago o no de este impuesto nace gracias a un conflicto entre el Ayuntamiento de Getafe (Madrid) y la Iglesia por la ampliación del salón de actos de un colegio de esta localidad madrileña. El conflicto llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su fallo, en 2017, respaldó al Consistorio y obligó al colegio La Inmaculada a pagar 23.370 euros al entender que en dicho lugar educativo se desarrollan actividades ajenas a las estrictamente religiosas. De esta manera, el fisco getafense hizo historia al convertirse en la primera Administración de España en reclamar el cobro de un tributo a la Iglesia con el respaldo de la Justicia.
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