La justicia social se declara incompetente sobre los recortes en mediación laboral de Castilla y León | Economía

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado las denuncias de los sindicatos por los recortes de la Junta sobre los servicios de mediación laboral (Serla). La sala de lo Social de Valladolid ha admitido “la falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar los actos administrativos dictados por la Junta en la financiación de la actividad de la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León”. Los sindicatos habían denunciado la reducción de financiación de un 60% a cargo de la consejería de Empleo, de Vox. El ministerio de Trabajo, comandado por Yolanda Díaz ahora en funciones, envió dos requerimientos al Gobierno autonómico reclamando que no dejara sin fondos este mecanismo laboral. Finalmente Empleo asignó una partida presupuestaria muy inferior a la previa, en torno al millón de euros.

La nota de prensa difundida por parte de la Junta describe que los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) denunciaron que la consejería destinara solamente 400.000 euros a este servicio de mediación laboral. Ambas entidades reclamaban la anulación de esa orden autonómica por entender insuficiente esa cantidad para el desempeño de esas funciones. La medida impulsada por Vox en la consejería de Industria, Comercio y Empleo se enmarca en la insistencia del partido ultra de dejar de asignar financiación a los sindicatos. El Serla atendió en 2022 un total de 3.534 conflictos individuales y 341 colectivos pese a que el titular de Empleo e Industria, Mariano Veganzones (Vox), lo cataloga de “chiringuito”.

CCOO y UGT denunciaron ante el TSJCyL la medida adoptada por la Junta y en ese procedimiento judicial se personó también el ministerio de Trabajo bajo las mismas alegaciones que los demandantes. El departamento dirigido por Yolanda Díaz insistió desde que se conociera el plan de Vox en que esta actuación era improcedente y llegó a enviar dos requerimientos a la Junta reclamando que el Serla volviese a disponer de recursos económicos. Uno de los principales argumentos de Trabajo y de los sindicatos pasa por la capacidad de este mecanismo, históricamente engrasado entre los integrantes del Diálogo Social y respaldado también por la patronal, para evitar el colapso en los juzgados del ámbito laboral por la capacidad para poner de acuerdo a los trabajadores y a las empresas cuando emergen conflictos.

La sentencia que cita la Junta de Castilla y León se resolvió el pasado 3 de noviembre y plasmó la “falta de competencia de la jurisdicción social para cuestionar la legalidad de la Orden de 13 de abril de 2023 de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo”. Así, entienden que los recortes “no derivan de las competencias autonómicas en materia laboral o sindical, sino que es resultado de la facultad de organización de la Junta de Castilla y León, y está inspirado en el principio de estabilidad presupuestaria”.

Este martes el sindicato UGT denunció ante el Defensor del Pueblo la minimización de recursos para el Serla, catalogando estas políticas de “contrarias a la Constitución” y vaticinando actuaciones similares en Extremadura o en la Región de Murcia, donde gobiernan en coalición con el PP al igual que en Castilla y León. “Algunos responsables políticos de comunidades autónomas han comenzado una campaña de acoso a estos organismos y a los institutos y fundaciones que ejecutan las competencias en materia de mediación y arbitraje, que son un desarrollo de una competencia estatal”, sostenía UGT, y añadía que “cualquier acción o decisión proveniente de una comunidad autónoma, que dificulte o directamente imposibilite los medios de solución autónoma de conflictos, sobrepasa las competencias autonómicas, que están limitadas a la ejecución de las competencias en materia laboral”.

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