Mientras ex fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas continúan en prisión sin derecho a arresto domiciliario las puertas para exfuncionarios acusados de corrupción se abren de par en par.
El último caso es el del excandidato presidencial Manuel Baldizón quien estuvo prófugo por dos años; además fue condenado en EE.UU. y después de cumplir su pena en ese país fue deportado hacia Guatemala donde tiene varios procesos pendientes, de los que se salido bien librado. Son los casos Odebrecht y Transurbano. Dos jueces le impusieron una multa de Q1 millón y otro Q800 mil que Baldizón pagó casi de inmediato.
El pasado 9 de enero, el juez Juan José Jiménez ligó a proceso penal a Baldizón, pero lo benefició con una medida sustitutiva en caso Odebrecht donde él recibió por lo menos US$1.3 millones para financiar a su partido político. En este caso fue la misma FECI de Consuelo Porras, quien peleó para que los acuerdos de colaboración eficaz fueran anulados, algo que benefició a Baldizón.
Mientras que el 19 de octubre la jueza Virginia de León benefició a Baldizón con una caución económica de Q1 millón por el caso Transurbano debido a que se comprobó que desvió por lo menos Q6.5 millones del subsidio del Transurbano para su campaña política.
Esto demuestra el trato diferente que se le está dando a ex fiscales que lucharon contra la impunidad y a políticos que cometieron actos de corrupción, ya que a estos segundos, las puertas se las abren de par en par.
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