La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) defiende «un cambio legislativo que dé cobertura a un nuevo modelo de atención sin sujeciones», es decir, sin que los mayores sean inmovilizados. Ni físicamente —a través, por ejemplo, de cinturones o chalecos— ni tampoco a través de fármacos para tratar problemas como la agitación o la deambulación errática de las personas con demencia. Así lo ha hecho constar en un documento presentado este martes en el que se defiende el derecho de los mayores a ser atendidos sin que se limite su movilidad, ni en residencias ni centros de día, y tampoco en los hospitales. Los geriatras han reivindicado la necesidad de este cambio cultural y han reiterado que su uso debe considerarse «maléfico», por lo que debe ser absolutamente excepcional, cuando hayan fallado el resto de alternativas y con una duración máxima de 24 horas. Más allá de esos casos muy concretos, es considerado maltrato. Las sujeciones de ninguna forma pueden ser una manera de cuidar.

El documento, titulado Cuidado sin Sujeciones, es el segundo que publica esta sociedad médica al respecto, después de otro de 2014 que utilizó de protocolizar cuándo y cómo usar estas de inmovilización, y en el que también instaban a no emplearlas. Era necesario actualizarlo. Ahora van un paso más allá, centran basicamente en el derecho de los mayores a recibir una atención sin ser inmovilizados de ninguna manera. “En este país hemos evolucionado de someter mucho y mal a someter mucho y bien. Estamos hablando de no sujetar”, explicó Ana Urrutia, miembro de la Comisión Cuidados Sin Sujeciones de la SEGG. «Es un cambio de enfoque y va a llevar años», dice esta geriatra, dirigida por el Fundación Cuidados Dignos y que lleva años trabajando en la no sujeción.

La publicación llega, tal y como ha explícito José Pascual, el coordinador de esta comisión, después del «paso de gigante» que se dio el año pasado con la publicación de dos documentos. Por un lado, la instrucción de la Fiscalía General del Estado, qu’ordenó a los tax vigilar las sujeciones en residencias de mayores y de personas con discapacidad y en unidades psiquiátricas. Este documento llamó a comprobar que siempre se produjeran bajo prescripción médica, que exista un consentimiento informado y que sean una medida excepcional. Además, el acuerdo al que llegaron las comunidades autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales para que los centres que presten atención dentro del sistema de la dependencia sigan un plan para eliminar las sujeciones de aquí a 2025. Pero no tiene alcance legal, no hay ninguna norma que, un nivel nacional, prohíba estas prácticas. De ahí que los geriatras insten a su aprobación, tal y como ya han hecho países como Alemania y Japón, según han explicado.

La labor de la SEGG se enmarca en la línea de la aprobación de Derechos Sociales y las autonomías porque, de hecho, esta sociedad fue miembro de la mesa de diálogo civil, que asesoró en los trabajos de elaboración de aquel pacto que pretende pasar a una atención centrado en la persona, y no tanto en los procesos organizativos. Que sean los centros los que se adapten a las necesidades de los usuarios y no al revés. Pero este documento se centra exclusivamente en las sujeciones. Así, detalle los fondos éticos y legales. ¿La conclusión? Los centros deben adquirir un compromiso formal respecto de la libre atención de sujeciones físicas y químicas — que deberá plasmarse en un plan de sujeciones de sujeciones y un plan de cuidado sin sujeciones —, que tendrá que ser aprobado por la comunidad autónoma de la que se trate y cuya ejecución deberá controlar el servicio de inspección.

El SEGG planteó que únicamente se puede utilizar «en situaciones urgentes, de manera temporal y excepcional», y después de haber aplicado medidas preventivas para evitar su uso que hayan fracasado. Es decir, que se limitarán a cuadros agudos «de urgencia vital, en los que se den situaciones o conductas que representan una amenaza real para la integridad física de la persona o de terceras personas», «protección de dispositivos sanitarios de urgencia vital», en las que se ba «asegurar el reposo cuando esté indicado por razones terapéuticas», o en caso de una «confined mental diagnosticada in crisis situation aguda, y pareciera que el paciente lo haya solicitado voluntariamente y el médico considere qu’existen criterios de clínicos indicación». Ante la idea era que tenía que dormir, y si no quería, pues se le ponía un cinturón”, para evitar, por ejemplo, caídas. La forma de protegerles debe pasar, pues, por cambiar la organización de los centros, por ejemplo, utilizando camas bajas que previenen las caídas.

José Augusto García Navarro, presidente de la SEGG, insistió en que, además de atender contra los derechos de los mayores, las sujeciones entrañan riesgos. A una persona con demencia que deambula, «le das una medicación calmante y lo deja sedado, quizás deja de caminar, pero puede acarrear otros muchos problemas, se puede caer, puede atragantarse al comer, déorientarse todavía más». Por no hablar del miedo y la angustia que pueden provocar, o los «graves efectos adversos» de las sujeciones físicas que menciona el documento, «como en los casos en los que la persona queda atrapada por el dispositivo en una posición que genera riesgo de asfixia.” Se han publicado casos en prensa de muertes debido al uso de sujeciones.

Los geriatras han explicado que es complicado cuantificar la prevalencia de las sujeciones en mayores. “Entre un 20% y un 40%, hay ciertas limitaciones físicas en residentes y en hospitales, según distintos estudios, a menos que la población de personas con demencia se vea específicamente, las cifras suben mucho, son alarmes”, explica Ana Urrutia, quien ha combatido la «idea de que solo se sujeta en residentncias, los hospitales van por detrás».

José Pascual, que también preside la asociación Dignitas Vitae, precisó que hay cientos de residentes que ya prestan atención sin sujeciones. “Contabilizamos al menos 1.600 [de las más de 5.000 que hay en el país] que se han puesto en contacto con la fundación en la que trabaja Ana [Urrutia] o la mía, que o ya atienden sin sujeciones o están en ese proceso”. Urrutia continúa: “No se puede hacer de la noche a la mañana, dura unos dos años. Es preciso que haya formación a los trabajadores”. Ambos aseguran que los centros qu’ya han emprendido este camino no han tenido que elevar las ratios de personal, aunque sí ven cesario tanto mejorar la formación como que se contrate a más personal para que s’enjore la atención à la dependencia. El presidente de la SEGG, de hecho, ha criticado que España dedique un 0,82% del PIB a larga duración, frente al 1,5% de media de la Unión Europea, “una cifra que sube al 2,5%” si solo se tiene en cuenta a los ocho países más ricos de la Unión. Todavía queda mucho por avanzar.