Perú: Claves para la Licencia Social en Proyectos Sostenibles

Perú: cómo se obtiene licencia social y confianza comunitaria para proyectos sostenibles

La licencia social para proyectos sostenibles en Perú es un proceso dinámico que combina cumplimiento legal, diálogo intercultural, gestión ambiental rigurosa y reparto justo de beneficios. Obtener y mantener esa licencia implica más que permisos formales: requiere confianza verificable por parte de comunidades locales, autoridades regionales y la sociedad civil. A continuación se expone una guía práctica, con marco legal, herramientas y ejemplos peruanos.

En qué consiste la licencia social y cuál es su relevancia

La licencia social es el nivel de aceptación y confianza que la comunidad y otros actores locales otorgan a un proyecto. No es un permiso legal, sino un reconocimiento social que reduce riesgos operativos y reputacionales. Su importancia en Perú es especialmente alta en minería, energía, infraestructura y agricultura por la presencia de comunidades indígenas y rurales, y por la sensibilidad sobre recursos hídricos y territorios.

Normativa vigente y principales protagonistas en Perú

– Perú ha confirmado su adhesión al Convenio 169 de la OIT, instrumento que reconoce derechos colectivos de los pueblos indígenas y exige llevar a cabo procesos de consulta previa. – La Ley N.º 29785 fija el marco que regula la consulta previa a pueblos indígenas u originarios, coordinada por el Estado con la participación del Ministerio de Cultura. – Entre las autoridades y entidades pertinentes se incluyen gobiernos locales y regionales, el Ministerio de Cultura, SENACE encargado de la evaluación de impacto ambiental, OEFA responsable de la fiscalización ambiental, así como fiscalías y la defensoría del pueblo. – Los actores no estatales abarcan comunidades campesinas e indígenas, organizaciones locales, municipalidades, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y medios locales.

Principales orígenes de disputas: aprendizajes derivados de casos en Perú

– Agua y gestión territorial: inquietud por posibles impactos en manantiales de agua potable y zonas de riego, con ejemplos notorios como Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa. – Consultas comunitarias percibidas como tardías o insuficientes, lo que alimenta la sensación de imposición y detona manifestaciones. – Escasa claridad respecto a los beneficios económicos y a las oportunidades de empleo para la población local. – Sensación de daño ambiental, sea comprobado o latente, junto con la falta de medidas de mitigación que puedan verificarse. – Canales de comunicación poco funcionales y ausencia de vías accesibles para presentar quejas.

Aprendizajes: los proyectos que no prosperaron suelen deberse a un diálogo insuficiente desde etapas tempranas, a una lectura intercultural limitada y a una distribución poco clara de los beneficios, mientras que aquellos con resultados favorables integraron acuerdos formales, fondos fiduciarios operativos, participación laboral local y mecanismos de supervisión independientes.

Fases para obtener licencia social: hoja de ruta práctica

• Diagnóstico participativo temprano: mapeo de actores, análisis socioeconómico y cultural, línea base ambiental y percepción comunitaria antes de la decisión final de inversión.
• Diseño conjunto de medidas: co-diseñar programas de gestión ambiental, compensación y desarrollo local con representantes legítimos.
• Consulta y consentimiento: respetar la normativa de consulta previa cuando corresponda y promover procesos de debate y consenso con información comprensible.
• Acuerdos formales de beneficio compartido: convenios marco, acuerdos de gobernanza local, fondos comunitarios o fideicomisos con reglas claras y auditables.
• Contratación y desarrollo de capacidades: objetivos concretos de empleo local, formación técnica y cadenas de suministro locales.
• Mecanismo de quejas y resolución rápida: canal permanente, acceso a mediación independiente y tiempos claros de respuesta.
• Monitoreo participativo e independencia: indicadores públicos, auditorías externas e inclusión de observadores comunitarios.
• Gestión adaptativa y transparencia continua: ajustar medidas según resultados y publicar información comprensible sobre ejecución y finanzas.

Instrumentos y métodos específicos

• Convenios de desarrollo local: acuerdos establecidos entre la empresa y las comunidades que fijan metas claras en infraestructura, salud, educación y empleo.
• Fideicomisos o fondos de inversión social: gestión autónoma de recursos destinada a iniciativas locales bajo normas previamente consensuadas.
• Mesas de diálogo y comités mixtos: espacios periódicos con participación comunitaria, municipal y empresarial que generan actas de acceso público.
• Monitoreo comunitario: mecanismos de control participativo sobre agua, biodiversidad y emisiones, cuyos resultados se difunden abiertamente.
• Programas de contratación local y encadenamientos productivos: metas definidas para adquirir bienes y servicios de proveedores locales y para fortalecer su formación técnica.
• Políticas de transparencia: plataformas de información, reportes en idioma local y documentos ambientales auditados por entidades independientes.

Indicadores útiles para evaluar la licencia social

• Porcentaje de comunidades con acuerdos firmados y vigentes.
• Nivel de aceptación en encuestas periódicas de percepción comunitaria.
• Número y tiempo de resolución de quejas registradas.
• Empleo local directo e indirecto como porcentaje del total.
• Monto desembolsado en proyectos de desarrollo local gestionados de forma participativa.
• Resultados de auditorías ambientales y cumplimiento de planes de manejo.

Resolución de conflictos y gobernanza

– Dar prioridad a mecanismos preventivos como el diálogo constante, la transparencia y una ejecución claramente verificable. – Cuando aparezca un desacuerdo, recurrir a canales autónomos de mediación (municipal, regional, defensoría del pueblo o terceros aceptados por ambas partes). – Evitar que las acciones policiales sean la respuesta inicial, favoreciendo procesos de negociación con tiempos definidos y compromisos graduales. – Incluir sanciones y cláusulas de revisión dentro de los acuerdos para asegurar su cumplimiento y permitir ajustes cuando sea necesario.

Buenas prácticas sectoriales

• Minería: elaboración de planes de cierre anticipado, gestión hídrica respaldada por estaciones de monitoreo comunitarias y acuerdos sobre el uso de rutas junto con compensaciones por el transporte.
• Energía e hidrocarburos: establecimiento de espacios de diálogo ante efectos en la movilidad, aplicación de protocolos de seguridad alimentaria y definición de mecanismos de contratación dirigidos a proveedores locales.
• Infraestructura: realización de estudios sociales participativos, implementación de programas para reducir ruido y polvo, además de empleo temporal con prioridad para la población local.
• Agricultura y agroindustria: provisión continua de asistencia técnica, fortalecimiento de los mercados locales y creación de esquemas de acceso al agua que reconozcan los usos tradicionales.

Ejemplos representativos y lecciones obtenidas

– Conga (Cajamarca): la desconfianza en torno al uso del agua y una comunicación que llegó demasiado tarde generaron disputas prolongadas; la principal enseñanza fue incorporar evaluaciones hídricas participativas y consensuar la administración del recurso antes de impulsar el proyecto. – Tía María (Arequipa): las manifestaciones derivadas de percepciones sobre efectos económicos y ambientales evidenciaron que la participación social y la entrega de beneficios tangibles para los pequeños agricultores resultan decisivas. – Proyectos con mejores resultados: los que implementaron fondos fiduciarios con gobernanza compartida, sumaron proveedores locales y promovieron supervisión independiente lograron disminuir fricciones y alcanzar una aceptación más estable a lo largo del tiempo.

Checklist operativo para equipos del proyecto

• ¿Se realizó mapeo de actores y se identificaron líderes legítimos?
• ¿Existe línea base ambiental y social publicada y explicada en lenguaje local?
• ¿Se diseñaron mecanismos de participación y consulta adecuados a la cultura local?
• ¿Hay un fondo o esquema de beneficios claramente gobernado y auditado?
• ¿Se estableció un mecanismo de quejas accesible y con plazos de respuesta?
• ¿Se definieron indicadores públicos y un calendario de monitoreo participativo?
• ¿Se contempló un plan de cierre y legado social desde el inicio?

Riesgos de no lograr la licencia social

Los costos pueden manifestarse en el ámbito económico, como retrasos, paralizaciones o pérdida de capital; en el institucional, mediante sanciones o anulación de permisos; y en el reputacional, con la consiguiente disminución de oportunidades de acceso a mercados y financiamiento. En Perú, la gran sensibilidad respecto a los recursos hídricos y a los territorios tradicionales provoca que la falta de licencia social desemboque con frecuencia en conflictos prolongados.

Construir la licencia social en Perú demanda tiempo, un respeto profundo por la interculturalidad y una evolución de la relación empresa–comunidad hacia una dinámica donde ambos actores coden los beneficios y gestionen de forma conjunta los riesgos. La articulación entre el cumplimiento normativo establecido (consulta previa, evaluaciones ambientales), acciones concretas de impulso al desarrollo local, apertura financiera y supervisión autónoma establece las bases para que los proyectos resulten no solo rentables, sino también sostenibles en lo social y en lo ambiental. La confianza se consolida mediante resultados comprobables, un diálogo permanente y la disposición para ajustar los compromisos cuando las circunstancias lo requieren; constituye una apuesta estratégica que resguarda la continuidad del proyecto y fortalece el bienestar comunitario a largo plazo.