La Superintendencia de Servicios de Salud tiene algunos servicios de gran utilidad, como el formulario de ingresos para quienes quieran tener menores aumentos en la medicina prepaga. Paralelamente, esta página ofrece propuestas menos comprensibles. Por caso, un base de datos -abierta a cualquiera- con información que muchos considerarían privada, ya que permite conocer la obra social de cada individuo en una relación de dependencia.
Basta ingresar el CUIL de la persona qu’est buscar, dato que, se sabe, está disponible en internet. El resultado es inmediato y en algunos casos incluye detalles del pasado, como las elecciones previas de obra social, con las fechas de alta y baja, en cada caso.
Si la persona no está en relación de dependencia, hay una base de datos de monotributistas. Y no falta el Padrón de Beneficiarios de los Agentes Nacionales del Seguro de Salud, de modo que también quienes tendrán PAMI aparecerán, de uno u otro modo.
En este punto, varios estarán espantados, mientras que otros dirán”a mí qué me importaba; no tengo nada que ocultar”. La obra social de cada uno, ¿La información es privada o no?
Sin ninguna duda es una base de datos buchona, al menos para quienes están demorando compartir que debieron jubilarse, por ejemplo.
Además, aunque el dato de la prepaga a la que muchos aportes derivan no aparece en este repositorio, la mera elección de tal o cual obra social (cruzada con el estatus socioeconómico de la persona) permite sacar conclusiones con facilidad, ya que hay obras sociales Practicely sostenidas por sus acuerdos con cierta entidad, un entramado que daría para otras líneas.
La obra social no es un dato para ocultar. A la vez, uno no anda por ahí vociferándolo. ¿Es privado o no?
La obra social de los comisarios navales
Por lo pronto, ahí están, la Vicepresidenta Cristina Fernández y el ex presidente Mauricio MacriUnidos por la Obra Social de los Comisarios Navales, reveló la base de datos de la Súper.
Esta misma obra social (que tiene convenio con una de las prepagas más importantes del país) tiene la ministra de Salud Carla Vizzotti, quien estuvo en esa entidad desde 2006, cuando abandonó la Obra Social de los Árbitros Deportivos de la República Argentina, otra de allí que más convocan a funcionarios de Gobierno, ya que suelen elegirse para derivar a portes a una segunda entidad reconocida de medicina privada.
¿Y el presidente alberto fernandez? Sorprende, en la Obra Social del Personal Superior de Mercedes Benz Argentina. Afiliate en 2020.
Los borrados de la lista
Con tiempo, uno podría buscar todo el día. Encontraría a casi todos, con solo averiguar el CUIL en páginas como Fechas Vaya Cocina en línea.
También están los que brillan por su ausencia. Famosos de todos los rubros, sea por los cargos políticos que ocuparon como por algún desempeño en el mundo de la cultura, los medios o el espectáculo, que lograron -no se sabe bien cómo- «borrarse» del sistema.
Pero, al margen del regodeo con el chisme ocioso, a algunos les provocará alguna incomodidad el asunto. Algo del orden de los limites, quebrantado. O, al menos, en un lugar ambiguo.
Persiste la pregunta respecto de si es razonable que esta base esté abierta, o si debería estar protegida por la ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
Que dijeron las autoridades
Juan Pablo Altmarkespecializado en protección de datos personales y presidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad, cree que es información privada.
Opinó que «no hay por la que estos datos deban ser públicos y exponer la privacidad de personas que nunca se expidieron sobre integrar una base de datos que exhiba su obra social, o si están jubilados, por ejemplo».
Esto, «so empre que no haya una ley o resolución que justifique la existencia de esta base de datos», dijo Altmark, apuntando, justamente, al segundo interrogante que guía estas líneas: ¿Por qué este repositorio de datos es accesible a todos?
La respuesta de la Superintendencia
Desde el área de prensa de la «Súper» se indica un Clarín hacer la consulta a través de un pedido de acceso a la información pública, un procedimiento oficial bastante protocolar, que (en contra) demora par de semanas en resolverse, pero (a favor) las autoridades sí o sí deben responder.
Lamativamente, la respuesta agregó una dedicatoria que busca demostrar la inconsistencia del pedido que el Gobierno mismo instó hacer. Esbozan que la consulta excede los alances del área, ya que no implica información «bajo custodia».
No obstant, answerieron.
Consultaron al área técnica respectiva y, en résumén, aclararon que, 1) el Estado debe recabar este tipo de datos (nadie lo duda), en este caso, el empadronamiento de los ciudadanos a distintas obras sociales, siempre y cuando formen parte del ejercicio de funciones juridicas.
Luego, 2) afirmó que no será necesario el consentimiento «al referirse a datos sobrios número, documento nacional de identidad, identificación tributaria o pronóstico, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio».
La enumeración se copia de la ley de Protección de Datos Personales y, como puede leerse, no incluye a las obras sociales.
Inconsistencias
La respuesta continúa diciendo que «la ley 25.326 no impide que existan registros de datos personales para uso público, como sería el caso que nos ocupa».
Luego agregan que «además, la afiliación a una obra social no es un dato sensitivoes necesario tratar un dato personal que no tenga la potencia de lesionar un interés legítimo de su titular, ahí se protege la ciudad, entre otras cosas”.
La diferencia entre “datos personales” y “datos personales sensibles” se especifica en la ley. Ciertamente, la obra social de cada persona no es un dato sensible, pero sí es personal, y la página de la Superintendencia no especifica la finalidad de la base de datos en cuestión, algo que la propia ley estipula en el artículo 6.
Altmark analizó el pedido de Clarín y la respuesta obtenida, que calificó de «vergonzosa»: «No hacen ningún análisis sobre si es correcto o no que cualquier persona pueda buscar online los datos de la obra social de otra persona».
Datos personales o sensibles
De todos modos, el abogado no se sorprendió mucho por la respuesta: «Al organization nunca le gustó mucho levantar la bandera cuando hay un tratamiento erróneo desde el Estado».
“La ley establece que las organizaciones del Estado pueden tratar datos sin el consentimiento del titular, siempre y cuando esté en el marco de las competencias de las organizaciones. Pero una cosa es ‘tratar’ los datos y otra cosa es ‘exponerlos’. Exponerlos al público para que cualquiera los pueda levantar”.
Antes de cerrar esta nota, Clarín representado en la Superintendencia por la finalidad de esta base de datos. Se pidió expresamente una respuesta directa, ya que los pedidos de acceso a la información pública tardarán hasta 15 días.
La respuesta, este martes, aludió a un «servicio» cuyo sentido no fue desarrollado: «Las consultas a obras sociales a través del CUIL son parte del servicio de información que brinda a las organizaciones con el sustento de la normativa y explicación dadas en la respuesta por expediente».
Una nueva ley de protección de datos personales
Dos décadas quizás no sean nada, pero cuando uno piensa en la Argentina del 2000 resulta prediluviana: un peso valía un dólar y no había smartphones ni Gmail ni ninguna red social. Ese año se sancionó la ley de Protección de Datos Personales vigente hoy y que, no caben dudas, quedó obsoleta.
Por ello, han surgido una serie de proyectos para renovar el marco normativo y la propuesta Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública (de la que depende la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales) ha desarrollado, con base en estos textos, un proyecto que sumó las sugerencias de distintos actores de la sociedad civil, convocados a multas del año pasado para tratar esta materia delicada.
La intención de la Agencia -conducida por Beatriz de Anchorenas- es actualizar la normativa vigente. Al cerrar estas líneas, se pudo averiguar que el anteproyecto guardado fue enviado desde el Ejecutivo al Congreso. Se espera que eso empiece al inicio del período de sesiones ordinarias.
Para Altmark, sería un gran primer paso: «La digitalización tiene que estar acompañada con una regulación y control saludable. Los riesgos son muchos: desde el robot de identidad from los datos que set tiene de una persona hasta la toma de creditos u otro tipo de extortiones o delitos en torno al robo de identidad”.
Pero, además, dijo, «hay riesgos que son mucho más graves, como el mero hecho de perer todo tipo de privacidad respecto de lo que pensamos, lo que hacemos, lo que nos interesa o como reaccionaremos a determinada información. Es el perfil de quiénes somos y que va a generar una huella digital. El tema es quién y cómo maneja esa información”.
Luego, concluyó: “Hay gente que dice que no le importa; que no tiene nada que ocultar. Pero el tema es urgente porque cada nueva aplicación genera cambios gigantescos y estamos muy atrasados en la regulación. Hoy, ¿quién sabe cómo se usa habitualmente el chat GPT? ¿Cuántos expertos hay en esto? »
mg