Nuestra democracia tiene por delante un reto sin precedentes: actuar de acuerdo al consenso científico sobre el clima para construir una transición ecológica justa. A pesar del auge de los discursos negacionistas, retardistas y escépticos disfrazados de libertad de opinión en el contexto de la campaña electoral, la acción por la transición ecológica es más posible que nunca: el 81% de la población apoya medidas más drásticas de respuesta a la ya extrema emergencia climática. Los principales actores políticos y mediáticos del negacionismo climático solo en España representan un 3% residual de la población, pero tienen una visibilidad sobredimensionada por el eficaz apoyo económico de los grupos de presión. Sus bulos organizan un acoso que cada vez es más violento, por ejemplo, contra los responsables de la Aemet, la Asociación de Meteorología Española, Durante las últimas olas de calor. El de un grupo de ganaderos a la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca, acaba de demostrar a todo el país las explosivas consecuencias del negacionismo sanitario de un gobierno autonómico.

Por este motivo necesitamos fortalecer nuestra democracia contra los negacionismos y la interesada polarización, para liderar colectivamente la transición ecológica y energética. Los Gobiernos, independientemente de su signo político, pueden y deben encontrar una vía efectiva para resolver la parálisis. Una parálisis que ha impedido cumplir con el principal objetivo del Acuerdo de París: limitar a 1,5°C el aumento de las temperaturas globales de nuestro planeta; y, al mismo tiempo, construir una «transición justa» que la comunidad científica internacional recomienda en los últimos informes del Panel Intergubernamental del Clima Climático (IPCC). No es de extrañar, por tanto, que el Secretario General de las Naciones Unidas sintetice la gravedad de la situación descrita en el informe del IPCC con estas palabras: «la demora significa la muerte», mientras que las soluciones de aplicación inmediata siguen estando al Alcance de nuestra mano si actuamos ahora.

Por lo tanto, necesitamos con urgencia un Pacto de Estado que ciegue este proceso de vaivenes partidistas y permita excluir las controversias de los retardistas y de las polémicas negacionistas todas las medidas relativas a la transición ecológica. A Pacto de Estado de un nuevo tipo, que no solo integre los partidos políticos democráticos electos, sino también la expresión de la ciudadanía informada por la ciencia en un dispositivo participativo de alcance estatal.

Pactar con la ciudadania informada por la ciencia

Nuestro país ha sido pionero en este sector porque, tras experiencias similares en Reino Unido y Francia en 2020, en España se reunió una Asamblea Ciudadana por el Clima, compuesta de 100 personas reunidas por sorteo representativo, para responder a la pregunta siguiente: Una España más segura y justa ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?

Luego de más de medio año de trabajo, y sopesando las deficiencias organizacionales y de difusión del proceso, en junio de 2022 la Asamblea Ciudadana por el Clima presentó ante el Congreso de Diputados 172 recomendaciones, aprobadas con un apoyo mínimo del 87%, con el objeto de combatir la calma global con políticas transversales. la recepción de establecimiento político en el Congreso fue tibia, ya casi dos años del inicio de sus deliberaciones, estas ambiciosas medidas están invisibilizadas y sepultadas por las autoridades y los poderes públicos.

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Afortunadamente, la participación ciudadana en la toma de decisiones se ha consolidado en muchos países democráticos como un factor clave para agilizar y garantizar transacciones ecológicas eficientes, rápidas y socialmente justas. El Consejo de Europa reconocido en 2021 en las Asambleas Ciudadanas por sorteo como medio de transformación ecológica decisivo para nuevas sociedades amenazadas por nuevos autoritarismos negacionistas. De modo igual, el IPCC sostiene en su último informa que los procesos participativos son fundamentalese insta a los gobiernos a integrarlos en todos los niveles de la acción climática.

Un Pacto de Estado Verde y ciudadano apoyó por los principales actores sociales de la transición ecológica Deberá ser objeto de debates públicos preelectorales y tendrá que tomar realmente en cuenta las 172 resoluciones de la Asamblea por el Clima finalizada en el 2022, y no solo los programas de los partidos o las strategia de inversión de los grandes grupos empresariales . El objetivo de este nuevo tipo de Pacto de Estado para la emergencia climática se podría así centrar en, por un lado, una reforma fiscal verde, basada en el principio de que ninguna partida presupuestada dañe el medio ambiente y, por tanto, empobrezca al país a largo plazo, erosionando su menguante capital natural y sus servicios ecosistémicos, que su sustento de la actividad económica y el bienestar y, por otro lado, el compromiso con un ciudadano control que pueda garantizar una transición energética justa.

Contra la crisis climática y democrática: gobernar con la ciudadanía

La esperada de Vox a las instituciones en muchas comunidades autónomas, y tal vez al Gobierno nacional, desaparecido la urgencia de que los partidos políticos del espacio de centro-izquierda y centro-derecha señalen su apoyo a Pacto de Estado ecológico, y así conecten con la fuerza política de un aplastante mayoría de la ciudadania que requiere más acción climática y cambios colectivos drásticos.

Si no lo hacen, por un lado, abrirán la puerta al peligro de una legislatura de inacción qu’impedirá emprender urgentes reformas que cologne a España en una senda de adaptación social y económica a un mundo a más 1.5 °C (o, muy probablemente , more), del cual está lejos por ahora, con un modelo agrícola a todas luces insostenible y el turismo de playa como economic motors de primer orden, y una política energética tan incoherente como capturada por intereses fósiles y de macro-renovables especulativas. Al mismo tiempo, contribuirá ha la degradación de la calidad democrática en España, es que exponer al 81% de la población española al riesgo de quedar huérfana de representación democrática en uno de los temas que más preocupa. Esta es una oportunidad real para volver a la democracia representativa con participación ciudadana es de vital importancia ante la ola de nacional-populismo iliberal que hay una combinación de regresión democrática y regresión climática en Polonia, Hungría, Italia y que se ha acelerado en Dinamarca, Noruega , Finlandia y Francia.

Nuestro ciclo electoral que ha visto adelantar las elecciones generales, es también el año de una sequía extrema en España, de un alarmante récord de elevación de la temperatura del Mediterráneo y el Parque Nacional de Doñana demuestra como la mala colectiva de gestión de los bienes comunes nos encamina a un punto de no retorno de devastación ambiental, social y económica. Necesitamos nuevas herramientas democráticas que permitan garantizar la aceptabilidad social, la equidad y la durabilidad de las reformas profundas que tenemos que emprender para hacer frente a las crisis climáticas. En palabras del filósofo B. Latour, es necesaria «una nueva soberanía vinculada al plan para reparar las condiciones de habitabilidad que han arrasado».

A las puertas de las Elecciones Generales del 23J y de la Presidencia Española de la Unión Europea, España puede y debe liderar a nivel comunitario la construcción de una democracia ambiental, ecológica y participativa para hacer frente a la extrema emergencia climática ya las extremas derechas negacionistas En Europa.

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