El director general de Impuestos del Gobierno de Aragón, Francisco Pozuelo, estimó que la recaudación de los nuevos impuestos medioambientales podría alcanzar los 12 millones de euros, teniendo en cuenta 8,5 millones de parques eólicos y 3 millones de parques fotovoltaicos. Esto representa una reducción de los 20 millones originalmente proyectados.
Pozuelo destacó que pese a la reducción de las expectativas recaudatorias, no se esperan «consecuencias alarmantes» gracias al buen comportamiento de otros impuestos, como el de patrimonio y el de sucesiones. La actividad inmobiliaria, que se mantiene a buen ritmo, podría compensar las pérdidas de ingresos.
La falta de información para establecer las cifras iniciales provocó retrasos en la implementación de los nuevos impuestos y cambios regulatorios. Pozuelo destacó la importancia de contar con datos precisos sobre el tamaño de las instalaciones para una adecuada regulación.
Se espera que la ley entre en vigor entre marzo y febrero, aunque se perdieron los meses de recaudación. Se espera que para el próximo año los ingresos totales por impuestos medioambientales alcancen los 22 millones de euros.
Óscar Galeano, del PSOE, expresó su preocupación por los cambios regulatorios que podrían reducir los ingresos, y recordó que el impacto medioambiental debe compensar las reducciones en otros impuestos.
Fermín Civiac criticó la aplicación de la ley, afirmando que no se está aplicando el acuerdo alcanzado con el PSOE, lo que desincentivaría la difusión de fuentes de energía renovables.
María Pilar Bui lamentó que la ley no tenga en cuenta adecuadamente el impacto sobre el medio ambiente y criticó que quienes más contaminan no paguen lo suficiente.
José Luis Soro valoró la importancia de los incentivos al desarrollo sostenible en el sector de las energías renovables. Álvaro Sanz (IU) pidió proyecciones de futuro, sobre todo en relación a proyectos como los del Maestrazgo, que pueden no gravarse adecuadamente.
La recaudación e implementación prevista de nuevos impuestos ambientales en Aragón ha provocado un intenso debate político, lo que refleja preocupaciones sobre el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la necesidad de ingresos fiscales. Las diferentes posiciones resaltan las complejidades de gestionar la transición hacia energías más limpias en el contexto de la legislación tributaria.
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