En pleno avance de los compromisos globales por la sostenibilidad, el mundo asiste a un preocupante retroceso en una de las prácticas más contaminantes de la industria energética: la quema de gas natural durante la extracción de petróleo. En 2024, esta actividad alcanzó su nivel más alto en casi dos décadas, intensificando tanto el desperdicio de recursos energéticos como el impacto ambiental derivado de las emisiones no controladas. Esta tendencia, lejos de revertirse, refuerza la necesidad de acelerar políticas efectivas que transformen el desperdicio en oportunidades de desarrollo sostenible.
Durante el último año, se quemaron aproximadamente 151.000 millones de metros cúbicos de gas natural en operaciones petroleras alrededor del mundo. Esta cifra representa un incremento de 3.000 millones respecto al año anterior y confirma que la práctica sigue arraigada en el modelo de producción de hidrocarburos, pese a los compromisos asumidos por los países para erradicarla antes de 2030.
El volumen de gas quemado equivale a unas pérdidas económicas estimadas en 63.000 millones de dólares. Además del coste financiero, el impacto climático es aún más grave: esta actividad ha generado alrededor de 389 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. De este total, se estima que 46 millones de toneladas corresponden a metano no quemado, un gas de efecto invernadero con un poder de calentamiento global mucho mayor que el CO₂ en el corto plazo.
Un estudio sobre la dispersión geográfica muestra que únicamente nueve países son responsables del 75% del total de la quema a nivel mundial, aunque no suman ni la mitad de la producción global de petróleo. Esta concentración indica un desequilibrio en la implementación de tecnologías y regulaciones, así como un potencial significativo de mejora si se implementaran las prácticas exitosas de otras áreas.
El ritmo de avance también varía según el grado de compromiso. Los países que han adherido a iniciativas para eliminar la quema rutinaria de gas han logrado reducir en promedio un 12 % su intensidad de quema desde 2012. En contraste, aquellos que no forman parte de estos compromisos han incrementado su intensidad en un 25 %, lo que evidencia la eficacia de los marcos de cooperación internacional, pero también la urgencia de ampliar su alcance.
La persistencia de esta práctica resulta especialmente contradictoria si se considera que más de mil millones de personas en el mundo aún carecen de acceso a energía fiable. En este contexto, desperdiciar volúmenes masivos de gas natural —un recurso valioso que podría aprovecharse para generación eléctrica, calefacción o procesos industriales— representa una pérdida de oportunidad para avanzar hacia una transición energética justa, inclusiva y eficiente.
El combustible gaseoso que se desperdicia en estas actividades no solo se desaprovecha como recurso energético, sino que además constituye un riesgo ambiental importante. Con frecuencia, la combustión es incompleta, liberando metano y otros contaminantes sin tratar al ambiente. Estas emisiones no controladas intensifican el cambio climático y complican el alcance de las metas climáticas establecidas en encuentros internacionales.
Frente a esta problemática, existen alternativas técnicas y normativas que permiten reducir drásticamente la quema y aprovechar el gas capturado. Soluciones como la instalación de infraestructuras para la reinyección del gas, su uso in situ como combustible, o su tratamiento y distribución como fuente de energía comercial, ya han demostrado su viabilidad en distintas regiones.
No obstante, para implementar estas soluciones a gran escala, es crucial contar con apoyo de políticas públicas coherentes, inversiones en infraestructuras y reformas regulatorias que impongan la captura y utilización del gas. Del mismo modo, es esencial fortalecer las capacidades institucionales y técnicas de las naciones con altos niveles de quema, proporcionándoles herramientas para supervisar y gestionar esta práctica de manera eficiente.
El monitoreo de esta actividad ha mejorado en los años recientes gracias al empleo de tecnología satelital moderna. A través de sensores infrarrojos, se puede detectar y medir la quema de gas desde el espacio, lo que facilita una valoración más exacta y clara del avance hacia el objetivo de erradicar esta práctica antes del año 2030.
Este tipo de monitoreo constituye una herramienta crucial para impulsar la rendición de cuentas, visibilizar los avances y fomentar una competencia positiva entre países y operadores. No obstante, los datos más recientes revelan que la meta aún está lejos de alcanzarse.
La quema de gas natural representa una de las formas más evitables de contaminación industrial, con impactos que trascienden lo local y afectan directamente los esfuerzos globales contra el cambio climático. La persistencia de esta práctica pone en entredicho la coherencia entre los discursos políticos y la realidad operativa del sector energético.
Progresar hacia su eliminación no solo es realizable, sino esencial. Utilizar el gas que se desperdicia, disminuir las emisiones y redirigir las inversiones hacia soluciones limpias son pasos fundamentales para alcanzar las metas de descarbonización y garantizar un futuro energético más sostenible y justo.
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