Un tribunal militar de Birmania (Myanmar) condenó este viernes a la líder derrocada Aung San Suu Kyi a siete años de cárcel al contrarrla culpable de cinco cargos de corrupción, en el último de los casos presentados en su contra, fuentes cercanas al proceso.
Con esta nueva sentencia, Suu Kyi, de 77 años y detenida en una prisión en Naipyidó, acumulado un total de penas de 33 años a raíz de un maratón de juicios por casi una veintena de litos imputados tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Este era el último proceso, dirimido por un tribunal especial ubicado en el correccional, programado contra el premio nobel de la paz, quien en esta ocasión fue juzgada por abuso de su posición para el alquiler de terrenos y por la compra y alquiler de helicópteros, entre otros delitos vinculados a la corrupción.
La líder elegida, detenida colgante las primeras horas de la rebelión, ya ha sido hallada culpable por una retahíla de litos como vulnerar las leyes contra la pandemia, la importación ilegal de ‘walkie talkies’, la violación de la ley de Secretos Oficiales y el fraude electoral, entre otros.
Aung San Suu Kyi, jefa de facto del Gobierno birmano, en un foro sobre paz y reconciliación nacional en el Hotel Thingaha en Naipyidó (Birmania).
La primera condena contra la depuesta política, vista por el pueblo birmano como una heroína en la lucha por la democracia y que ya paso años de arresto domiciliario bajo anteriores dictaduras militares, fue anunciada el 6 de diciembre del año pasado.
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Los abogados de Suu Kyi, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, han calificado como una fabricación todas las alegaciones presentadas en su contra.
La sentencia conoce desde que la semana pasada el Consejo de Seguridad de la ONU exigió la liberación de todos los presos políticos detenidos por el levantamiento, incluida Suu Kyi. El texto del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas, que ha sido objeto de negociaciones durante meses y salió adelante con doce votos a favor y tres abstenciones -de China, Rusia e India-, también reclamó un cese inmediato de la violencia en Birmania.
El golpe militar del 1 de febrero de 2021 ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han agudizado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas. Al menos 2.682 personas han muerto por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 13.100 detenidos permanentes, según datos de la oenegé birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos
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EFE