En medio de la refriega, el activista opositor Guillermo Paz quedó sangrando al ser golpeado por un objeto en la frente
Una marcha convocada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) para pedir que la expresidenta interina Jeanine Áñez se defienda en libertad en los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo terminó con tensiones entre ese grupo y otro opositor. al ex presidente.
La movilización estuvo encabezada por la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, junto a los niños de Áñez, Carolina y José Armando Ribera, así como el presidente de la Asamblea Legislativa departamental de la región oriental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, y decenas de personas de plataformas ciudadanas que portaban banderas bolivianas.
Ayudada con un bastón, la activista de 82 años caminó desde la sede de la APDHB en el centro de la ciudad hasta la cárcel de mujeres en el barrio Miraflores, al lado este de la ciudad, acompañada de decenas de personas de plataformas ciudadanas contrarias a el Gobierno de Luis Arce.
Al llegar a la cárcel, la movilización se topó con otro grupo en las puertas que, portando la insignia multicolor indígena Wiphala, exigió “justicia” por las muertes en las llamadas masacres de Senkata y Sacaba durante la crisis de 2019 y también afirmó que Áñez permanecer en la cárcel.
Cuando Carvajal trató de hablar con los periodistas, los grupos anti-Áñez le gritaron “asesinos” al otro se movilizaron y empezaron a arrojar huevos a la activista, ante lo cual la Policía tuvo que protegerla y escoltarla para que pudiera salir del lugar.
Luego ambos grupos intercambiaron insultos y empujones, y los opositores al ex presidente rompieron las pancartas de los demás.
POSICIONES ENCONTRADAS
En medio de la refriega, el activista opositor Guillermo Paz quedó sangrando cuando fue golpeado por un objeto en la frente.
Paz culpó de los ataques al Movimiento por el Socialismo (MAS) del gobierno, al que acusó de enviar “activistas violentos” contra la marcha pidiendo a Áñez que se defienda en libertad.
Por su parte, Freddy Rojas, quien se identificó como el líder de los “autoconvocados” de Senkata, grupo afín al MAS, dijo que se movilizaron “para exigir justicia” por las muertes de 2019 y para protestar por supuestos “privilegios” que aseguran que Áñez tiene en la cárcel.
La expresidenta interina se encuentra presa desde marzo pasado dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del partido gobernante que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición por el presunto “golpe” de 2019.
El MAS considera que la salida de Evo Morales del poder en 2019 se debió a un golpe de Estado, mientras sus detractores argumentan que la crisis fue producto de un fraude electoral en beneficio del entonces presidente en las fallidas elecciones generales de ese año. .
La polémica entre quienes dicen que fue un “golpe” y quienes sostienen que hubo “fraude” se acentuó luego de la reciente presentación del informe de un grupo de expertos enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Verificaron graves violaciones durante la crisis de 2019 en Bolivia.
Aunque el grupo no investigó si hubo golpe de Estado o fraude, el gobierno de Arce y la oposición han tomado fragmentos del informe para respaldar sus respectivas versiones de la crisis.
SITUACIÓN DE ÁÑEZ
La salud de Áñez ha vuelto a ser objeto de polémica por las recientes visitas a controles médicos en las que se la ve débil y deteriorada, mientras que el Régimen Penitenciario insiste en que está “estable” y que sus enfermedades crónicas pueden ser tratadas en prisión.
Durante el fin de semana, la ex presidenta interina sufrió heridas en los brazos que el gobierno describió como “rasguños”, mientras que su familia dijo que necesitaba puntos de sutura.
Áñez, que padece hipertensión arterial y síndrome de ansiedad-depresiva, ha pedido en varias ocasiones que se le permita defenderse en libertad o cambiar la cárcel a arresto domiciliario, lo que ha sido denegado.
En algunas cárceles de Bolivia surgieron en las últimas horas pronunciamientos de internos que reclaman “igualdad de trato” y denuncian supuestos “privilegios” del expresidente, versión que es apoyada por las autoridades para negar que se estén vulnerando sus derechos.