Han pasado seis meses desde aquellas revelaciones que conmocionaron a la población panameña sobre los abusos y violaciones en los albergues de menores. Poco se ha hecho en defensa de esta población vulnerable, a pesar de las detenciones de trabajadores de estos centros de acogida y las renuncias de los más altos niveles de las instituciones encargadas de garantizarles protección.
Esta declaración se fundamenta en la existencia de un nuevo informe elaborado el 24 de agosto de 2021 por la Comisión de la Familia, la Niñez, la Juventud y la Mujer de la Asamblea Nacional, al que obtuvo acceso La Estrella de Panamá y que recoge testimonios. más desgarrador aún que los revelados en el primer informe de febrero de este año, elaborado por esta misma comisión legislativa.
Este informe actualizado producto de nuevas denuncias llegó a la mencionada Comisión de la Asamblea de forma anónima.
Las recientes acusaciones fueron presentadas por personas cercanas a mujeres menores de edad, víctimas de maltrato físico y psicológico en albergues de la vereda Tocumen, provincia de Panamá, y que les causaron graves lesiones físicas e incluso intentos de suicidio.
El documento revela que los hechos de abusos y violaciones ocurrieron entre los meses de marzo y abril, fecha en la que supuestamente los albergues estaban bajo el escrutinio de las instituciones encargadas de resguardar y proteger a este grupo de la población.
Las malas prácticas en los albergues panameños continúan exponiendo a niños, niñas y adolescentes a convertirse en víctimas del delito. Esto no solo lo demuestran las nuevas denuncias, sino que también lo expresa la diputada suplente Walkiria Chandler D’Orcy, quien formó parte de la comisión investigadora que dio a conocer las primeras revelaciones oficiales sobre los abusos en los albergues. «(…) Parece que hubo complicidad de las autoridades», dijo el diputado a TVN.
Una de las denuncias indica que un adolescente, que se encontraba en el Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI), intentó suicidarse por la falta de atención y atención en el albergue.
Un psiquiatra denunció las afectaciones que estaba experimentando el adolescente, quien debió ser internado en el Hospital Nicolás A. Solano, en La Chorrera, por un trastorno psicológico.
Días después, el médico informó a la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Senniaf) que la menor tuvo que ser trasladada porque compartía habitación con pacientes con diferentes trastornos y adicciones. Además, portaba el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Pero, la institución argumentó que no había más opciones, según el informe parlamentario.
La niña terminó violada en el hospital. Posteriormente fue ingresada en un albergue en Chitré. ‘El Decano’ intentó, sin éxito, contactar con las oficinas de CAI para conocer una versión del tema.
Otra de las denuncias que llegó a esta instancia establece que una adolescente tuvo un aborto en un albergue de Tocumen. Y, según la denuncia, le cortaron el cordón umbilical y lo volvieron a colocar. Las autoridades de la institución aseguran que el aborto ocurrió el 11 de marzo de 2021. Pero la adolescente ingresó al centro de recepción el 18 de abril de 2021, por lo que Se presume que los informes fueron alterados.
La niña fue sacada del albergue y entregada a un hermano de entre 19 y 20 años que vivía en Santiago de Veraguas, Atalaya, quien no contaba con un hogar ni la madurez necesaria para cuidar al menor, señala el documento.
Según el informe, le dieron al hermano dinero para alquilar una habitación. Incluso le compraron una estufa y le dieron colchones para que tuviera las condiciones mínimas para cuidar a la joven adolescente. Pero, después de unos días, el adolescente se escapó. De momento no ha regresado, ni se sabe nada de ella. «No se ha podido localizar a la adolescente y no sabemos si está deambulando por las calles y está en riesgo o en peligro», cita el documento.
Para estos dos casos, se ha solicitado la declaración de la directora del CAI (Yamira Díaz) y dos trabajadoras sociales y psicólogos del departamento de protección del Senniaf. Además, se ha solicitado ubicar a los trabajadores sociales que laboraron en el albergue durante el mes de abril de 2021, quienes supuestamente fueron rotados para que no brindaran información. También se ordenó a los menores que tomaran declaraciones. Estos casos fueron denunciados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que presente la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público (MP).
“Nos han consternado algunas acusaciones y un informe presentado por la diputada Emelie García, donde presentaron de forma anónima casos de presunta violación de adolescentes jóvenes (…)”, dijo la diputada Kayra Harding, quien es la vicepresidenta de la Nacional. Asamblea de Panamá.
Un comunicado de Senniaf establece que estas denuncias forman parte de una lista de ocho denuncias presentadas por la actual administración de la institución entre el 29 de mayo y el 18 de julio de 2021.
La comisión legislativa había solicitado la comparecencia de un exministro del Mides, un exdirector, un exdirector y un exfuncionario del Senniaf. También cito a la actual directora de la institución, Graciela Mauad. Todos presentaron una excusa para el compromiso de investigar los casos de abuso de menores en los albergues.
Mauad justificó su ausencia alegando que estaba atendiendo la situación de niños, niñas y adolescentes migrantes que ingresaron recientemente al territorio nacional. El funcionario y ex funcionarios están programados nuevamente para el 21 de septiembre.
Un informe parlamentario difundido en febrero pasado indicó que decenas de menores en albergues supervisados por el Estado han sido víctimas de abusos y maltratos sexuales desde al menos 2015, lo que generó indignación en el país y numerosas protestas para exigir castigo a los culpables.
Luego del escándalo que sacudió a la sociedad panameña, el MP anunció que adelanta una serie de investigaciones, 28 por diversas irregularidades relacionadas con los albergues, de las cuales tres han derivado en condenas; Ha habido 12 acusaciones y tres están pendientes de audiencia de acusación por varios delitos.
Al mismo tiempo, (MP) mantiene 18 casos en etapa de investigación relacionados con irregularidades en los albergues. Entre los delitos investigados por los distintos fiscales a nivel nacional, 16 casos corresponden a delitos contra la libertad y la integridad sexual; 11 por la presunta comisión del delito de maltrato a una niña, niño o adolescente.
Además, la Fiscalía Anticorrupción está realizando una investigación por un delito contra la administración pública, que vincula a una fundación que operaba un albergue, ubicado en Tocumen.
Entre las investigaciones que se encuentran en curso, anteriormente se encontraban los dos casos que fueron remitidos por el Ministerio de Desarrollo Social, este lunes 24 de agosto de 2021, los cuales iniciaron el 21 de junio y 16 de julio de 2021, respectivamente, uno de ellos se ubica en la Fiscalía Superior de la Adolescencia.
El primer caso, a pesar de los múltiples trámites realizados y que aún se encuentran en trámite, no se han encontrado los elementos de condena que acrediten la existencia del hecho.
En el segundo caso, investigado por delito sexual, se identifica como presunto agresor a un menor con diagnóstico clínico, quien será evaluado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf); además de las responsabilidades que pudieran derivarse de una posible negligencia.