un problema de salud pública

El acoso cibernético se define como la intimidación o agresión continua y sostenida a través de medios electrónicos, redes sociales y plataformas de mensajería. También incluye robo de identidad, robo de documentos confidenciales, grabación de conversaciones telefónicas, seguimiento informático o gestión del acceso a Internet del afectado. Es un atentado perpetrado con la posibilidad de anonimato del agresor y el atractivo potencial de una audiencia mayor, que también es cómplice.

El Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos clasificó el ciberacoso como un problema de salud pública, especialmente debido al impacto en la salud mental de adolescentes y jóvenes. Un informe de la Unesco (https://bit.ly/2WFmYyD) informa que 1 de cada 3 estudiantes (32%) ha sido objeto de acoso escolar. El 94% de las víctimas de este acoso y el 88,5% de las víctimas del ciberacoso presentan problemas como depresión, ansiedad y miedo.

Incluso cuando se trata de un problema claramente identificado en la población estudiantil, los adultos, especialmente los usuarios de las redes sociales, participan en estas actividades. La pregunta inevitable es ¿cuál es el atractivo entre los adolescentes e incluso los adultos para promover este tipo de conductas? En varias revisiones sistemáticas se ha encontrado un perfil típico del agresor: falta de empatía, propensión a la adicción, bajo nivel de autocontrol y altísimos niveles de frustración.

En Panamá no hay constancia de estos delitos. El Centro de Investigaciones Sociales Paw en Washington DC y Amnistía Internacional han informado del alarmante aumento de las cifras en los últimos años, cuyas víctimas suelen ser niñas y mujeres (https://www.oas.org/ en / sms / cicte / docs / 20191125 -ESP-White-Paper-7-VIOLENCIA-CONTRA-LAS-MUJERES.pdf).

Panamá se adhirió a la Convención de Budapest en octubre de 2013, mediante la Ley 79 publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, hay varios intentos infructuosos de regular la Ley. La falta de una clasificación clara de los delitos y la necesidad de pruebas sumarias, entre otros problemas, dificultan la existencia de un Registro de Delitos de este tipo (Godoy 2020).

Solo con políticas públicas claras y la implementación de la Ley 81 de Protección de Datos Informáticos daremos un paso adelante en seguridad ciudadana. Debemos caminar hacia la denuncia online, la formación de informáticos que puedan recoger con precisión la huella digital del acoso. La creación de leyes exitosas en Nueva Zelanda y Perú son ejemplos.

«Solo con políticas públicas claras y la implementación de la Ley 81 de Protección de Datos Informáticos daremos un paso adelante en seguridad ciudadana»

Tengamos empatía. Enseñemos a pensar en la vida, las interacciones laborales y las relaciones personales violadas por la impunidad. Esta no es la Panamá que debemos construir.