Una ley para regular una actividad que no existe

¿Sabías que el crucero Star Brezze, que está recorriendo nuestro Mar Caribe y luego cruzando el Canal de Panamá para recorrer nuestro Mar Pacífico, no podría recorrer nuestros mares si se aprueba la ley de cabotaje? Lo que también nos deja con la pregunta sobre aquellos buques de bandera extranjera que utilizan el HUB de transbordo y que, por la naturaleza de sus operaciones, suelen hacer escala primero en un puerto en las entradas del Canal y después de su tránsito en los puertos del otro océano.

La propuesta de ley de cabotaje reúne otros temas importantes, pero se ha introducido el artículo 65, que prevé la «nacionalización» del cabotaje en aguas panameñas.

La realidad es que la actividad de cabotaje como tal, «Transporte marítimo de carga o pasajeros cuyo origen y destino final se encuentran dentro de las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá para lo cual se requiere licencia de operación», no existe en Panamá, excepto en el caso de muy pocas embarcaciones que salen del muelle fiscal del mercado con destino a Darién y algunas embarcaciones menores en las 365 islas del archipiélago de San Blas.

Con la nueva ley y su reglamento muy estricto, estos servicios de transporte de pequeñas embarcaciones no podrían ejercerse, los cuales desaparecerían, ya que no podrían cumplir con los requisitos legales. A lo largo de la costa panameña hay alrededor de 100 muelles y muelles y ninguno dedicado al cabotaje.

El objetivo oculto de los impulsores de la ley es controlar las barcazas petroleras en el Canal de Panamá y eliminar la competencia. Este proyecto de ley ya había sido redactado por Martinelli para favorecer a una empresa propiedad de sus hijos y se conoce la historia, un empresario preso y los hijos de Martinelli acusados ​​de blanqueo de capitales.

La mala costumbre de hacer leyes en beneficio de los grupos económicos, que se inició en 1904, socava la competitividad del país, encarece los precios y la oferta de productos pierde calidad.

Esto es lo que se conoce como “capitalismo amigo” y contribuye a paralizar la inversión extranjera, beneficiando a los países vecinos que atraen dicha inversión.

Panamá es signatario del Tratado de Libre Comercio e Integración Económica de Centroamérica. Este acuerdo establece en su artículo XV lo siguiente:

“Las embarcaciones marítimas o aéreas, comerciales o privadas, serán tratadas en los puertos y aeropuertos abiertos al tráfico internacional de los demás estados, en los mismos términos que las correspondientes embarcaciones y aeronaves nacionales. El mismo trato se extenderá a los pasajeros, tripulantes y los de los demás estados contratantes ”.

El proyecto de ley, mal llamado cabotaje, viola este artículo.

Pero, además, viola los acuerdos de servicios marítimos auxiliares con 44 países.

El Transporte Marítimo de Corta Distancia que resuelve el intercambio comercial de carga y pasajeros en la región es la única iniciativa presentada por Panamá ante el proyecto “Integración y Desarrollo de Mesoamérica” y aprobada en la reunión de presidentes de Estado de esta región en Tuxtla, México. Nuestro país se ha encargado de planificar y ejecutar el proyecto TMCD que se está aplicando en México, Guatemala y Costa Rica.

La ley de cabotaje pone fin a la participación de Panamá en este acuerdo multinacional.

La definición de cabotaje utilizada en el proyecto de ley cuestionado es de la Edad Media «Navegación o tráfico realizado por barcos entre puertos internos del país sin perder de vista la costa». La verdadera definición es la de arriba.

La comunidad europea del transporte ha implementado, con el libro blanco del transporte (2001) y el libro verde (2006), los conceptos necesarios y actualizados para el mundo globalizado a una política de desarrollo económico a través del mar.

Por eso crearon las carreteras del mar y el Transporte Marítimo de Corta Distancia, dejando obsoletas las disposiciones de las leyes de cabotaje que se pretenden implementar en Panamá. Asimismo, en América del Sur, Brasil liberó restricciones a la navegación de embarcaciones extranjeras, logrando un desarrollo en el sector marítimo nunca visto en la historia de ese país. Por cierto, Brasil se ha convertido en uno de los países que está contratando cadetes panameños. Chile acaba de liberar el cabotaje y también Colombia entre Buenaventura y los puertos del Caribe. Del mismo modo, Perú lo hizo hace 10 años. Estados Unidos mantiene un estricto control sobre sus costas para favorecer a algunas navieras y ha condenado a Puerto Rico a no ser competitivo con el resto de islas del Caribe.

¿Cree que nuestro país, que es marítimo por naturaleza y necesita unir e integrar sus costas con sistemas de navegación de corta distancia de clase mundial, puede ir en contra de las tendencias exitosas y rentables que traen desarrollo a las comunidades costeras?

Además de argumentar el disparate de este proyecto de ley, sus promotores incluso han afirmado que «Singapur protege el cabotaje», lo cual es falso, porque ese país no tiene cabotaje. ¿Crees que una isla un poco más grande que Coiba, que se puede recorrer en coche en pocas horas, necesita cabotaje?

Los panameños apostarán por el desarrollo marítimo con este proyecto de ley. Y estoy seguro de que acabará afectando el registro del barco.

La razón es simple, el 80% de la carga mundial es transportada por 5 alianzas marítimas y son empresas que navegan por todos los mares del mundo. Si el 50% del costo de los barcos es combustible y aquí, con esta ley perdemos competitividad, todos esos barcos repostarán en otros lugares. Por cierto, Costa Rica ya anunció que venderá Bunker.

Pero, además del impacto negativo de la ley sobre la competitividad del país y la forma en que afecta los acuerdos internacionales, es importante señalar que la ley también modifica las competencias y el ámbito institucional de la Autoridad Marítima de Panamá. Otorgarle competencias en materia financiera que no corresponden a una institución que por su propia naturaleza es de carácter técnico. La ley le otorga derechos para administrar fondos de inversión, y estos estarían respaldados por fondos del Presupuesto General del Estado.

El país se encuentra en una situación económica peligrosa. Otros países están atrayendo inversiones.

Legislar para eliminar la competitividad de nuestra nación y favorecer a un grupo económico es lo menos aconsejable en estos momentos de crisis social y económica.

Empresario