viceministro de comercio se opone al proyecto de cabotaje

En una situación que los diputados, empresarios y abogados, encontraron al menos confusa e insólita, el viceministro de Comercio Interior, Omar Montilla, envió una nota al presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, conspirando los intereses de varias potencias marítimas que según para él, sus intereses se verían afectados por el control panameño de su Industria Marítima Auxiliar (IMA).

Dos meses después de que el ejecutivo presentó el proyecto, el 7 de abril de 2020, aprobado por el Consejo de Gabinete luego de un extenso análisis de 2 años a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la presidencia, se eligió al Viceministro de Comercio Interior para presentar un análisis de todos los acuerdos internacionales sobre cuya base Panamá no podría tener el control de sus operaciones marítimas auxiliares.

“Cuando una embajada se opone a un proyecto de ley como este es porque está defendiendo los intereses de su país, no hay duda, está haciendo su trabajo, es lo que tiene que hacer, es la mejor señal de que esta ley está en vigencia. A favor de los intereses nacionales ”, dijo el abogado y vocero legal de la Asociación de Armadores de Panamá (ARPA), Juan Felipe Pitty.

Según el presidente de la subcomisión de comercio, encargado de llegar a un consenso sobre el proyecto, diputado Raúl Pineda, se trata de una ley que el mismo Ejecutivo ha enviado para proteger y tener condiciones justas con los poderes navieros que hoy compiten con los panameños, que están en franca desventaja, debemos proteger nuestros mares, nuestra posición geográfica y hacer que la navegación sea más segura, dijo.

“Definitivamente cuando tienes un país como Holanda, por ejemplo, donde Panamá no puede hacer Cabotaje, para ellos es difícil, pero para nosotros también es difícil, porque no tenemos esa reciprocidad, pero hasta ellos podrán hacerlo. , pero tendrán que buscar un socio panameño con 75% de participación local, según el proyecto ”, dijo el diputado.

La ley “busca defender los intereses nacionales, es similar, si no idéntica, a otros países marítimos desarrollados como Estados Unidos, Holanda y Singapur.

Son leyes que buscan más inversión que se quede en Panamá, en nuestro sector marítimo, más empleos, más infraestructura, oportunidades técnicas para marineros y gerentes, para panameños y panameños, dijo el vocero de ARPA y agregó «especialmente que los impuestos de esas empresas nacionales Estando en Panamá, se fomenta la riqueza nacional, permitiendo al Estado con esos recursos administrar la infraestructura, desarrollando la Industria Marítima Auxiliar, como otro polo de desarrollo pujante para enfrentar esta crisis pandémica ”.

Además del viceministro de Comercio Interior, uno de los abogados de la contraparte Eduardo Real, expresó en una red social en reacción a las declaraciones de Pitty: “Que las empresas nacionales que ya tienen licencia se van a quedar con todo el negocio, pero el resto de los panameños que pagan impuestos y que no van a poder ingresar a este negocio, tendremos que pagar millonarias indemnizaciones a operadores extranjeros, los cuales están amparados por tratados de inversión ”.

El abogado Eduardo Real es socio de una firma que representa al menos a dos agentes del mercado transnacional, Península y VT Shipping, y al mismo tiempo compareció ante el subcomité de comercio como representante de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR) y la Empresa. Ayuntamiento Logístico COEl, el pasado martes.

Harry Quinn, secretario de la junta directiva de la ARPA, se mostró sorprendido de que sea el inexperto viceministro de comercio interior, quien presente un documento técnico tan elaborado de acuerdos internacionales y que un abogado con tales vínculos parezca representar a dos sindicatos, uno de los cuales COEL es un sindicato de sindicatos, donde tiene un lugar la Cámara Marítima de Panamá, que ha manifestado su voluntad de dialogar con este proyecto que es tan importante para el país.