Cuando la desigualdad social camina con la igualdad

Cuando se trata de políticas y estrategias de desarrollo, es muy común encontrar tomadores de decisiones -pero también actores sociales involucrados en su aplicación- que se niegan a aceptar una ley que opera en estos ámbitos de la sociedad y que yo llamo la ley de la desigualdad social que camina con igualdad, o más técnicamente, la ley del desarrollo desigual para la igualdad.

Esta ley opera cada vez que los tomadores de decisiones promueven medidas para «combatir la pobreza», «poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos», «controlar la pandemia», partiendo de la idea de que la población es homogénea, que tiene idénticas condiciones que producirían los mismos resultados en todos los casos, resultando en un ensanchamiento de la desigualdad inicial. Ciertamente, la ley en cuestión habla del hecho de que cuando se aplica una medida igualitaria a una población, establecimiento o institución que experimenta desigualdades – igual ajuste para todos, igual monto monetario para todos – el resultado es una multiplicación de la desigualdad social original.

Esto ha sido típico del subsidio anteriormente denominado «Beca Universal», establecido en el Gobierno de Martinelli, pero que ningún Gobierno posterior se ha atrevido a corregir como Dios pretendía. En la práctica, este subsidio se basa en la premisa de que todos los estudiantes del sector público pertenecen a familias en extrema pobreza. De haber sido así, el actual programa del Gobierno para “estudiar sin hambre” (2019) no tendría por qué existir, porque ese subsidio debería haber contribuido a garantizar las necesidades alimentarias urgentes de los estudiantes. Al fin y al cabo, lo probable es que, en nombre del ataque a la pobreza, todos los panameños hayan sido prestados innecesariamente. La desigualdad aquí no solo opera en el hecho de que mantiene las brechas entre los hogares pobres y no pobres, sino también entre estos y los tomadores de decisiones que engrosan sus arcas personales, gracias a las comisiones obtenidas por promover las transacciones crediticias internacionales.

Veámoslo ahora a través de acciones de nivel intermedio, es decir, a través de medidas de reforma en instituciones como la Caja de Seguridad Social (CSS). Encontramos escenarios de desigualdad institucional, con repercusiones directas en la inequidad y fragmentación de los servicios: En salud, hay desigualdad entre Minsa y CSS; En el sistema de pensiones existe desigualdad entre los fondos administrados por la CSS y el sector financiero privado. Los sectores afectados, al menos sus grupos con mayor liderazgo, parecen tener claro que es necesario mantener una institucionalidad que aplique el principio de solidaridad. Esto es imposible mientras la administración de los fondos se entregue al capital financiero privado; tenga en cuenta que la institución como tal no beneficia a estos empresarios. Lo razonable no es otra cosa que la vuelta al régimen solidario para que la CSS gestione estos fondos y servicios; no hay otro en las circunstancias actuales. Esta es una parte, pero aquí viene la otra parte, en la que actúas haciendo que funcione la ley del (sub) desarrollo que mencionamos anteriormente.

Dado que el sistema de pensiones tiene una historia y condiciones desiguales con respecto a lo que ocurre con la atención médica, resulta que la aplicación del principio de solidaridad no encuentra concreción, manteniendo dentro de la CSS los servicios médicos, tanto los programas de enfermedad como de maternidad. así como el de Riesgos Profesionales. Insistir en mantenerlos bajo la gestión directa de esta entidad es dar rienda suelta al cumplimiento de la ley del desarrollo desigual para la igualdad, con la que es posible que se siga reproduciendo inevitablemente: mayor desigualdad social en salud.

En realidad, bajo la lógica del mercado desregulado que opera en nuestro país, es extremadamente improbable que se logre la cobertura universal de los trabajadores de cualquier nivel de ingresos, a menos que, y solo a menos, se organice una nueva entidad responsable unitaria. de la gestión de los servicios de salud en el sector público, con autonomía efectiva, democrática, distanciada de la CSS y del Minsa, salvo reglamentos técnicos; que opera bajo el control jerárquico de organizaciones de las clases trabajadoras usuarias y productoras de servicios de salud, guiadas por un modelo de atención integral e integrador. El resto grita consignas de solidaridad, que contradicen ese mismo ímpetu en cuanto al derecho a la salud.

Consultor en Sociología.