Mida tendrá un recorte de $ 80,8 millones al presupuesto solicitado para el año fiscal 2022

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recomendó al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) un presupuesto para el período fiscal 2022 por $ 135,1 millones, lo que representa $ 80,8 millones menos que el presupuesto solicitado.

El ministro de Mida, Augusto Valderrama, quien apoyó este lunes ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, la asignación presupuestaria de la entidad para 2022, informó que se había solicitado un presupuesto de $ 216,3 millones.

Explicó que se solicitaron $ 81,1 millones para la operación, pero se recomendó $ 65 millones, una diferencia de $ 15,5 millones menos.

Mientras que en inversión el Mida solicitó $ 134 millones, y se les recomendó $ 69,5 millones, lo que representa $ 65 millones menos de lo solicitado.

Tras estos recortes, según el ministro Valderrama, se están dando las gestiones pertinentes para obtener los recursos necesarios para cerrar este año y buscar el dinero que se necesitará para operar en 2022, tras los recortes al presupuesto solicitado.

Llevarán los casos a la esfera penal

Valderrama también se refirió al tema del pago del subsidio a los productores de granos, que en el caso del arroz es de $ 7,50 por quintal.

Valderrama calificó como «una aberración que ocurrió en el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, cuando el precio del arroz bajó al consumidor y puso al productor a financiar ese precio», dijo.

El precio del arroz detallado fue de 22 a 24 dólares que recibió el molino, pero como se bajó el precio, el molino le estaba pagando $ 17 al productor y el gobierno tuvo que compensar esos $ 7,50, que en realidad dijo, es una subvención al consumidor, no al productor.

Recordó que el Estado tardó en pagar a los productores y de ahí vino el problema. “El productor nunca debió haber sido castigado en beneficio del consumidor, se habrían buscado otras fórmulas”, dijo.

Valderrama afirmó que el actual gobierno ya ha pagado más de 50 millones de dólares y la parte administrativa ha ido mejorando.

Asimismo, detalló que se han establecido, con la ayuda de Auditoría Interna y la Contraloría General de la República, para redactar resoluciones donde se compare la factura por lo vendido con los cheques recibidos por el pago.

En este sentido, Valderrama informó que algunos casos están siendo llevados a la parte penal, tras detectar la falsificación de documentos, porque hay datos erróneos donde lo vendido no coincide con lo sembrado.