Los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro podrían estar más de tener que sentarse en el banquillo de la Corte Penal Internacional (CPI) para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos en venezuela.
El fiscal de La Haya, Karim Khan, a sido lapidario. Existe base razonable para crear que en Venezuela se ha cometido “un ataque sistémico contra la población civil de conformidad con una política de Estado (…) y la política de ataque ha sido parte de la población, como mínimo, fomentada o aprobada por el Gobierno de Venezuela y llevado a cabo principalmente por miembros de fuerzas de seguridad del Estado específicos con la posible ayuda de o individuos progubernamentales”.
Así lo asegura en un documento de 22 paginas presentado el 30 de marzo ante la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, en el que desmonta cada uno de los argumentos esgrimidos por el régimen de Maduro para intentar frenar la investigación por crímenes de lesa humanidad.
Se trata del caso «Venezuela yo» que cobijó a la prior fiscal de la CPI, la gambia Fatou Bensouda, gracias a la denuncia presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina en 2018, durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri.
En 2021 el Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner decidió bajarse de esta denuncia colectivapor considerar que «el problema de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo».
Nada más alejado de la realidad. En su documento, el fiscal de la Corte Penal sostiene que “al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del Gobierno de Venezuela fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente objeto de formas de violencia sexual incluida la violación”.
Describir que «las víctimas fueron sometidas a actos de violencia que incluyeron palizas, asfixia, casi ahogamiento y descargas electricas que resultaron en graves perjuicios al bienestar mental y físico”.
Además apunta que la Fiscalía de la CPI «llegó a la conclusión de que los posibles casos identificados son de gravedad suficiente para justificar la adopción de nuevas medidas por la Corte, a la luz de consumos y cualitativas, entre ellas la escala, la naturaleza , la forma de comisión y las repercusiones de los crímenes”.
Venezuela es el primer país del continente americano que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. En realidad el proceso está paralizado por el pedido que hizo su régimen de Maduro para que se suspenda la investigación, con el argumento de que en su país hay investigaciones en curso por parte de la Justicia chavista.
Sin embargo, el fiscal Khan ha sido enfático en su documento al señalar que “la totalidad de las investigaciones y procedimientos nacionales presentados por el Gobierno de Venezuela no reflejan suficientemente la investigación prevista por la Corte porque no ha habito ninguna investigación de crímenes de lesa humanidad . Las investigaciones se centran exclusivamente en oficiales de bajo rangey los crímenes enmarcaron en términos de ‘casos aislados’ sin ninguna investigación sobre patrones“.
Es que la Corte Penal Internacional va más allá de los autores materiales de los crímenes. Su objectivo es investigar y castigar la cadena de mando, los altos funcionarios del régimen que ordenaron y permitieron perpetrar estas graves violaciones a los derechos humanos.
Por ello el fiscal Karim Khan ha señalado que la investigación en La Haya debe continuar. Algo que decidirá en los próximos meses la Sala de Cuestiones Preliminares de la ICC, luego de haber recibido las observaciones del régimen, la respuesta del fiscal y los testimonios de más de 2 mil víctimas venezolanas.
Este lapidario documento del fiscal de la CPI se hizo público el mismo día que divulgó el informe de «Lupa por la Vida», una coalición de prestigiosas organizaciones defensoras de los derechos humanos en Venezuela, que documentó al menos 824 ejecuciones extrajudiciales en el país durante el año 2022, cometidas por militares y policías del régimen de Maduro.
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