Plan Nacional de Seguridad Vial 2021-2030

Recientemente, el Gobierno lanzó un nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial, esta vez por la segunda década entre 2021 y 2030. Observo que he buscado en la web de ATTT y no encuentro el Plan, solo la noticia del lanzamiento, donde se enfatiza que, “para la segunda década 2021-2030, se contempla brindar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular a través de la expansión del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad: mujeres, niños, personas con discapacidad y ancianos… ”.

Aunque acojo con satisfacción el lanzamiento de este nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial tan necesario, lamento que no esté disponible una evaluación de nuestros compromisos de la década anterior (2011-2020), pero podemos echar un vistazo a ese documento, ya que lo que fue planteado anteriormente sigue siendo válido. .

El Plan de la década anterior tenía como objetivo “salvaguardar la integridad física y psicoemocional de todos los usuarios de la vía pública, dirigiendo, con un enfoque multisectorial, todas las estrategias de acción para la Década 2011-2020”. Para ello, se consideró la “coordinación e integración de iniciativas públicas, privadas y de la sociedad civil en el país. Por ello, las acciones se organizan en cinco pilares: (1) gestión de la seguridad vial; (2) carreteras y movilidad más seguras; (3) vehículos más seguros; (4) usuarios viales más seguros y (5) respuesta sanitaria después de accidentes ”.

El documento estableció como metas inmediatas: reducir la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en un 15% para 2020 y reducir la tasa de accidentes por 100.000 habitantes en un 43% para 2020. Aunque ambas tasas han disminuido, no ha sido suficiente, por lo que debemos mejorar.

Bueno, a pesar del compromiso escrito, del cual, repito, no encuentro avances y evaluación de cumplimiento, la seguridad vial sigue siendo una quimera en nuestro país. A pesar de las leyes y regulaciones existentes, siguen siendo las principales causas de accidentes y muertes: exceso de velocidad, distracciones como charlar detrás del volante, estrés diario, conducir bajo los efectos, inexperiencia e incumplimiento de las regulaciones. normas de tráfico, como no llevar cinturón de seguridad o, en el caso de los motociclistas, no llevar casco. Todos tienen como denominador común la falta de responsabilidad y consideración por parte de los conductores, el descuido de los peatones y, no menos importante, la ausencia de policías de tránsito. Y para demostrarlo, basta con intentar cruzar la Avenida Ricardo J. Alfaro cualquier día a las seis de la tarde.

En este contexto, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el período comprendido entre 2016 y 2020 se produjeron 70.431 accidentes de tráfico (52.569 colisiones, 5.812 atropellos). En el mismo período, un total de 68.709 personas resultaron heridas y 1.722 personas perdieron la vida en un accidente de tráfico (¡una persona murió cada día!).

Si bien estas cifras parecen mostrar una tendencia a la baja en los últimos cinco años, es evidente que es producto de las medidas de restricción de circulación impuestas para controlar la epidemia de COVID-19 que venimos enfrentando desde marzo de 2020.

También es importante recordar que, de acuerdo con el anterior Plan Nacional para la Década de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020 de la República de Panamá, los costos de atender a un paciente de un accidente de tránsito (lesiones) le cuestan al panameño. Indique aproximadamente 9,800 balboas (lo que representaría 12,446 balboas actuales) y un tiempo promedio de recuperación de 43 días. Por tanto, la atención de 69 709 heridos en el quinquenio nos costó alrededor de 855 millones de balboas. Eso sin contar los gastos de las familias, el costo de 43 días de recuperación, el costo de las reparaciones y los pagos del seguro de los vehículos accidentados y el sufrimiento de las familias de los heridos y las víctimas.

Al final, es evidente que en Panamá la inseguridad vial es un grave problema de salud pública. Si bien hemos firmado compromisos y planes internacionales y tenemos leyes y reglamentos, no es suficiente y el problema persiste.

Aunque el año pasado mostramos una clara disminución en las tasas de muertes, lesiones y discapacidad por falta de seguridad vial, no son alentadoras. Una vez superemos la epidemia de COVID-19, presumiblemente los ciudadanos saldrán a las calles con la misma irresponsabilidad y falta de consideración de siempre.

Es imperativo que este nuevo Plan Nacional de Seguridad Vial 2021-2030 sea publicado, difundido y desarrollado con la participación de todos bajo el concepto de prevención.

Médico, exrepresentante de la Organización Mundial de la Salud (OMS).