Corte Suprema rechaza protección de garantías para el matrimonio igualitario en Panamá

La petición de protección de los derechos humanos tuvo como ponente a la jueza María Eugenia López. Hubo dos votos guardados

Pleno de la Corte falla contra jueces y magistrados por presunta corrupción

Fachada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.Archivo | La estrella de Panamá



La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá no admitió una garantía constitucional de amparo presentada, debido a la negativa del Tribunal Electoral a aceptar el matrimonio de Juan Alonso y su socio Juan David Parra.

La decisión de la Corte se conoció el lunes 6 de septiembre en el edicto 1105, y cuenta con el voto de rescate de los magistrados Ángela Russo y Luis Ramón Fábrega.

La demanda administrativa contenciosa para la protección de los derechos humanos fue presentada por la jueza María Eugenia López.

El recurso judicial presentado por el despacho de abogados Morgan & Morgan, actuando en representación de Juan Alonso, pretendía declarar nula, por ilegal, la Resolución 237 DNRC / DPE de 24 de julio de 2019, emitida por la Dirección Nacional del Registro Civil de las Elecciones. Tribunal, así como sus actos confirmatorios y para que se realicen otras declaraciones.

Ante el primer notario colombiano De Bello, Antioquia, el panameño Juan Alonso y su pareja Juan David Parra coincidieron en 2017, pero cuando intentaron registrar el matrimonio en Panamá, fueron rechazados.

En 2016 se interpuso una demanda para declarar inconstitucional la frase «entre un hombre y una mujer» contenida en el artículo 26 del Código de Familia.

El bufete de abogados Morgan and Morgan fue contratado por Raúl Jelensky y John Winstanley, una pareja que se casó en la embajada del Reino Unido en 2008. El 25 de abril de 2016, la unión bajo la sección de la ley matrimonial de 2013 en ese país lo validó como existente de la dia de la union. Cuando la pareja intentó inscribir el hecho en el Registro Civil de Panamá, la institución rechazó el registro, basando su decisión en el artículo 26 del Código de Familia.

La resolución de la Secretaría fue apelada y se interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, que está en manos del magistrado Luis Ramón Fábrega.

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