InterEnergy Group: Polémica en Panamá por central a gas

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El Lic. Moisés Bartlett, director del estudio Bartlett Quiel, compartió los fundamentos de la demanda que impulsa solicitando la nulidad de la prórroga al contrato del proyecto de gas natural Generadora Gatún de NG Power, que ahora está en poder del consorcio conformado por InterEnergy Group (cincuenta y uno por cien ), AES (24 por cien ) y el Estado panameño (25 por cien ).

¿En qué momento comenzaron las irregularidades del proyecto Generadora Gatún?

Este contrato se otorgó por el Estado panameño en favor de NG Power en el año 2013, en una licitación que fue cuestionada por todo el mercado eléctrico.

¿Qué polémicas identificó?

Fueron razones muy concretas. Entendemos que los pliegos cambiaron veinticuatro horas antes de la presentación de propuestas para hacer un traje a la medida de NG Power. Ese fue el primer acto que se demandó por la vía penal.
Sumado a aquello, NG Power no cumplió jamás con los requisitos y exigencias pautadas en ese contrato. Entre otros, nunca presentó un cierre financiero. Nadie supo qué empresa o qué entidad bancaria iba a financiar este proyecto. Se le dieron una serie de flexibilidades para que cumpliera con estas demandas y jamás fueron presentadas.
En tercer lugar, este proyecto que llamo «proyecto fantasma» -por el hecho de que hace años debió entrar en operación y lo que el día de hoy existe es simplemente un terreno baldío, no hay ningún movimiento de tierra o estructura levantada- se aprobó con un estudio de impacto ambiental categoría dos.

¿Qué implicaría esta categoría?

En la normativa Ambiental de Panamá quiere decir que su impacto es mínimo. Sin embargo, otros proyectos de generación de energía eléctrica a base de gas natural lindantes demandan un estudio de impacto ambiental de categoría 3 por el riesgo que demanda estar en la zona de entrada atlántica del Canal de Panamá, con navegación continua de números significativos y además con presencia de comunidades en los aledaños.
Esto asimismo lo demandamos penalmente, lastimosamente.

¿Debería anularse el contrato de este proyecto?

La licencia definitiva otorgada a NG Power ha vencido. Nuestra legislación demanda que para tener vigente un contrato de suministro de energía y potencia se debe contar con una licencia terminante. El dieciocho de noviembre del año 2020 la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá me certificó que ellos no habían prorrogado la licencia.
Desde ahí pedí de oficio que lo que procedía era su cancelación. Mas no se pronunciaron.

¿Cómo este año ya se hablan de tres contratos para el suministro de energía y potencia?

Eso es absolutamente ilegal.
Por eso, hemos acudido a la sala tercera contenciosa administrativa de la Corte Suprema de la República para solicitar la nulidad.

¿El Estado podría haber cobrado por los perjuicios de no haberse ejecutado el proyecto a tiempo?

No conozco las cifras, pero obviamente hay una fianza extendida por una aseguradora que lo que corresponde en derecho es que el Estado mediante la Autoridad de los Servicios Públicos capte la fianza, demande el resarcimiento, e inclusive llame a una nueva licitación.

En el caso de continuar con el contrato, ¿no se requeriría un ajuste de costes?

Ese contrato es sumamente caro, sobre el resto de los actores del mercado eléctrico. Con una prórroga, la proyección en 20 años al dos mil cuarenta y tres significa que se va a acrecentar el costo de la compra para las distribuidoras y la propia empresa de distribución eléctrica de la República de Panamá me ha certificado que ese costo sería trasladado a los usuarios.
Eso significa que hay una afectación significativa en el costo de la energía eléctrica para los ciudadanos.

Comentaba que en un debido proceso correspondería llamar a una nueva licitación pública…

Sí, si el mercado de esta forma lo exige. Esto permitiría acomodar los precios a la realidad, consiguiendo una equidad con el resto de los generadores o hasta valores más competitivos.
Hasta ahora, la licitación del dos mil trece que nació mal, se ha mantenido con trámites y argumentos que son desde irregulares hasta ilegales.

¿De ese modo se está privilegiando un proyecto a gas por sobre eventuales licitaciones de energías renovables?

En el planeta de hoy lo conveniente para el medioambiente es tener energías sostenibles. En derecho, debe hacerse eficaz la cancelación de las licencias, declarar la nulidad de las prórrogas y abrir una licitación dirigida a la energía renovable. Eso debería hacer la República de Panamá.

¿Considera oportuno que la Acodeco – Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia- emita su posición respecto?

Ya muchos actores han pedido que no se siga con la negociación de esos contratos. Y debería intervenir no sólo la Acodeco, sino más bien asimismo el Sindicato de Industriales, la Cámara de Comercio y demás asociaciones de generadores.