InterEnergy Group: Polémica en Panamá por central a gas

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El Lic. Moisés Bartlett, directivo del estudio Bartlett Quiel, compartió los fundamentos de la demanda que impulsa solicitando la nulidad de la prórroga al contrato del proyecto de gas natural Generadora Gatún de NG Power, que ahora está en poder del consorcio formado por InterEnergy Group (51 por cien ), AES (veinticuatro por cien ) y el Estado panameño (25 por cien ).

¿Cuándo iniciaron las irregularidades del proyecto Generadora Gatún?

Este contrato se otorgó por el Estado panameño en favor de NG Power en el año 2013, en una licitación que fue cuestionada por todo el mercado eléctrico.

¿Qué polémicas identificó?

Fueron razones muy concretas. Comprendemos que los pliegos variaron veinticuatro horas antes de la presentación de propuestas para hacer un traje a la medida de NG Power. Ese fue el primer acto que se demandó por la vía penal.
Sumado a aquello, NG Power no cumplió nunca con los requisitos y exigencias pautadas en ese contrato. Entre otros muchos, jamás presentó un cierre financiero. Absolutamente nadie supo qué empresa o qué entidad iba a financiar este proyecto. Se le dieron una serie de flexibilidades para que cumpliera con estas demandas y nunca fueron presentadas.
En tercer lugar, este proyecto que llamo «proyecto fantasma» -pues hace años debió entrar en operación y lo que el día de hoy existe es sencillamente un terreno baldío, no hay movimiento de tierra o bien estructura levantada- se aprobó con un estudio de impacto ambiental categoría 2.

¿Qué implicaría esta categoría?

En la normativa Ambiental de Panamá quiere decir que su impacto es mínimo. No obstante, otros proyectos de generación de energía eléctrica a base de gas natural colindantes exigen una investigación de impacto ambiental de categoría 3 por el riesgo que demanda estar en la zona de entrada atlántica del Canal de Panamá, con navegación continua de números significativos y además de esto con presencia de comunidades en los aledaños.
Esto asimismo lo demandamos penalmente, lastimosamente.

¿Debería cancelarse el contrato de este proyecto?

La licencia definitiva otorgada a NG Power ha vencido. Nuestra legislación exige que para tener actual un contrato de suministro de energía y potencia se debe contar con una licencia definitiva. El dieciocho de noviembre del año dos mil veinte la Autoridad de los Servicios Públicos de la República de Panamá me certificó que no habían prorrogado la licencia.
A partir de ahí yo solicité de oficio que lo que procedía era su cancelación. Pero no se pronunciaron.

¿Cómo este año ya se charlan de tres contratos para el suministro de energía y potencia?

Eso es totalmente ilegal.
Por eso, hemos acudido a la sala tercera contenciosa administrativa de la Corte Suprema de la República para pedir la nulidad.

¿El Estado podría haber cobrado por los perjuicios de no haberse ejecutado el proyecto a tiempo?

No conozco las cantidades, pero evidentemente hay una fianza extendida por una compañía de seguros que lo que corresponde en derecho es que el Estado mediante la Autoridad de los Servicios Públicos capte la fianza, demande el resarcimiento, e incluso llame a una nueva licitación.

En el caso de seguir con el contrato, ¿no se requeriría un ajuste de precios?

Ese contrato es sumamente caro, sobre el resto de los actores del mercado eléctrico. Con una prórroga, la proyección en 20 años al 2043 significa que se marcha a incrementar el costo de la compra para las distribuidoras y la propia empresa de distribución eléctrica de la República de Panamá me ha certificado que ese costo sería trasladado a los usuarios.
Eso significa que hay una afectación significativa en el costo de la energía eléctrica para los ciudadanos.

Comentaba que en un debido proceso correspondería llamar a una nueva licitación pública…

Sí, si el mercado de esta manera lo demanda. Esto permitiría acomodar los costos a la realidad, consiguiendo una equidad con el resto de los generadores o bien hasta valores más competitivos.
Hasta ahora, la licitación del dos mil trece que nació mal, se ha mantenido con trámites y argumentos que son desde irregulares hasta ilegales.

¿De esa manera se está privilegiando un proyecto de gas por sobre eventuales licitaciones de energías renovables?

En el planeta de el día de hoy lo conveniente para el medio ambiente es tener energías sostenibles. En derecho, debe hacerse eficaz la cancelación de las licencias, declarar la nulidad de las prórrogas y abrir una licitación dirigida a la energía renovable. Eso debería hacer la República de Panamá.

¿Considera oportuno que la Acodeco – Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia- emita su situación respecto?

Ya muchos actores han pedido que no se continúe con la negociación de esos contratos. Y debería intervenir no sólo la Acodeco, sino también el Sindicato de Industriales, la Cámara de Comercio y demás asociaciones de generadores.