La Audiencia Nacional ha infligido un duro golpe a la familia Cierco, quien fuera dueña de la Banca Privada d’Andorra (BPA) y accionista mayoritaria del antiguo Banco Madrid, intervenido en 2015 entre acusaciones de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado. En una reciente sentencia, el tribunal ha descartado que el Banco de España deba indemnizar a los entonces propietarios de la entidad financiera, que reclaman el pago de casi 142 millones de euros por la actuación emprendida en aquel momento por el supervisor financiero, que supuso el cierre del Banco Madrid y que estuvo acompañada, además, por una investigación penal paralela que acabó en nada: la justicia exculpó en 2019 a sus gestores.
A través de una resolución dictada este 11 de octubre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional entra a valorar el fondo de la demanda —en 2021, el Banco de España desestimó directamente la reclamación de los Cierco al considerarla extemporánea—, pero considera que el supervisor financiero se movió en 2015 dentro de la legalidad y no se excedió con la intervención del Banco Madrid. Según exponen los magistrados, la actuación perpetrada por el Banco de España fue “razonada, razonable y proporcionada”, teniendo en cuentas las “circunstancias e información disponible” en ese momento. Esta sentencia se puede recurrir en un plazo de 30 días.
Todo comenzó en marzo de 2015. El FinCen, departamento antifraude del Tesoro estadounidense, calificó a la BPA, dueña del Banco Madrid, como una “institución financiera sometida a preocupación de primer orden en blanqueo de capitales” y le cortó toda su operativa en dólares. En esas mismas fechas, el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales) español envió al Banco de España un informe donde alertaba de “potenciales irregularidades” en el Banco Madrid. Estas sospechas se tradujeron de inmediato en la intervención de esta última entidad financiera, que fue posteriormente liquidada tras nombrar nuevos administradores.
A su vez, el caso acabó en manos de la Fiscalía Anticorrupción, y se abrió una investigación penal paralela. Pero, en 2019, se archivaron estas pesquisas: el Juzgado de Instrucción 38 de Madrid decretó el sobreseimiento provisional al concluir que “no existen indicios suficientes” del delito de blanqueo de capitales.
Tras ello, la familia Cierco emprendió acciones legales para exigir una indemnización multimillonaria “por los daños causados”. Según alegaron, la actuación del Banco de España y del Sepblac “precipitó” el final del Banco Madrid “en unos días”, en lugar de “atajar la crisis” que se había generado. En opinión de los dueños de la BPA, el “conjunto de decisiones (activas y omisivas)” adoptadas por el Banco de España abocó primero a la solicitud del concurso de acreedores y, posteriormente a la liquidación.
Sin embargo, la Audiencia Nacional ha descartado ahora las pretensiones de los Cierco y afirma que, en el momento de la intervención, la actuación del Banco de España estaba justificada por la información de la que disponía: “Bastaba en ese momento con la existencia de sospechas y graves acusaciones de la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales”. Los jueces apostillan que “difícilmente puede apreciarse irrazonabilidad o manifiesta falta de fundamento” en la decisión del supervisor, “cuando en vía penal se ha necesitado invertir casi cuatro años para alcanzar una decisión de sobreseimiento provisional, ni siquiera una sentencia de absolución”.
Los Cierco mantienen que las actuaciones contra la BPA se enmarcaron dentro de la bautizada como Operación Cataluña urdida por la bautizada como policía patriótica, un grupo de altos cargos de la Policía Nacional que supuestamente ejecutó trabajos sucios para el Ministerio del Interior cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz, hombre de confianza del expresidente Mariano Rajoy (PP). Según los propietarios del banco andorrano, el “auténtico trasfondo” de la decisión de intervenir Banco Madrid guarda relación con las presuntas “extorsiones, coacciones y chantajes” realizados desde 2014 por miembros de ese grupúsculo de agentes, que pretendían que altos cargos del BPA les facilitaran datos comprometedores contra dirigentes independentistas y nacionalistas catalanes, como el expresident Jordi Pujol. Un extremo que investiga actualmente la justicia andorrana, y que la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia considera que aún “no ha quedado constatado”.
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