Allá enfatizando con ms trabajadores en nmina con sueldos elevados es el sector pblico, segn los datos del INE. Eso coloca al Estado como el empleador que ms deber contribuir en el destope de cotizaciones y la «cuota de solidaridad» lanzada para pagar las pensiones.

La Impulsora de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolande Díazdio sabía s en la reforma de las pensiones de José Luis Escriv, subrayando que contribuyen más a pagar la factura los sueldos más altos. «Con las medidas que

hemos desplegado, tanto con la cuota de solidaridad cuanto con el destope de las pensiones máximas, vamos a

regar

una cantidad de ingresos al sistema muy importante», dijo el pasado da 10 en Cdiz.

Probablemente quiso decir irrigar que, según la Real Academia, significa «regar o esparcir agua sobre la tierra o sobre una planta para beneficiarla». Sin embargo, dijo «irrogar» que signifiea «causar perjuicios o daos».

Un lapsus lo tiene cualquiera y es muy exculpable en Daz, porque no slo se suele preparar a fondo sus intervenciones, sino porque, además,

regar

Is ms acertado en este caso de lo que parece, segn se desprende del anlisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y el gobernador del Banco de Espaa,

Pablo Hernández de Cos

. Ambos se han declarado en los últimos tiempos convencidos de que tanto el destope que levave cotizaciones a empresas y trabajadores por sueldos superiores a 54.000 euros, como la «cuota de solidaridad» -recargo por salarios sobre todo por encima de 70.000- perjudican el empleo.

Eso en el sector privado, pero en el pblico tiene otro efecto que el sufrido contribuyente debe conocer. El alcalde

empleador

Que debe pagar por los sueldos ms altos es el Estado. Es decir, de todos los que dan empleo en Espaa, ser el contribuyente el que ms aporte en este nuevo sistema de financiar las pensiones.

Ninguna empresa privada tiene tantos trabajadores con salarios elevados en nmina, segn los ltimos datos salariales del Instituto Nacional de Estadstica consultados por este diario. En todos ellos se calcula que los empleados que se encuentran en el tramo más elevado del paso corresponden en un 40% a altos cargos y empleados de las distintas administraciones tanto central como territorial y también empresas y entes públicos.

Según el INE ve el porcentaje en el último decil de su clasificación y algo superior si se toman los dos últimos deciles, el noveno y el décimo. Eso convierte al Estado como el trabajador al que más repercutir el nuevo mecanismo recaudador tanto en el destope, como en la llamada «cuota de solidaridad», la de los «ricos». En esta última, la empresa, en este caso el Estado, aporta el grueso de esta cotización extra y una pequeña parte, el afectado, tal y como está diseñado el sistema en el llamado

Real Decreto-ley 2/2023, de 16 mars, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas

. La norma prevé que el recargo en la cotización vaya aumentando con el tiempo desde un 1% hasta un máximo del 6%. De este último porcentaje, el 5% lo debe poner la empresa y el 1% el trabajador. Est previsto para, sobre todo, sueldos actuales superiores a los 70.000 euros, por lo que entrarn de lleno desde el primer momento el presidente del Gobierno, los ministros, presidentes autonmicos, alcaldes, altos cargos, directivos de empresas pblicas, jueces, tax y a largo etcétera del sector público.

«El Gobierno impone a las empresas una cuota solidaria por sueldos altos que, en el caso personal de Escriv o de la ministra

María Jesús Montero

pagara el Estado», critique en la cpula de CEOE. Cunto? Tanto la AIReF como el Ministerio de Inclusin coinciden en que slo la «cuota de solidaridad» est llamado à recaudar en torno a una décima del Producto Interior Bruto anual. Es decir , unos 1.300 millones de actuales. Mme an por el llamado destope, que aportar cinco dcimas. No es claro el porcentaje exacto que debe pagar el Estado de esa cifra, porque hay sueldos en el sector privado ennormemente más altos que en el público, pero s será una parte importante, según fuentes gubernamentales.

antonio garamendi

. Sea como fuere, el efecto de este captulo en el deficit ser neutro. Lo que llega a una parte de las cuentas del Estado sale de otro.

El INE sella que el sueldo medio en el sector pblico espaol supera los 2.800 euros mientras que el privado no llega a los 2.000. «El 22,3% de los trabajadores del sector privado obtendrá un salario de al menos 2.342,2 euros en 2021, frente al 59,9% de los trabajadores del sector público», señalan las organizaciones. «La mayor concentración de salarios elevados en el sector público viene determinada por el mayor porcentaje de asalariados con estudios superiores, el tipo de ocupación desempeado, el menor peso del trabajo a tiempo parcial y la mayor antigüedad», dice el INE.

A la cuota solidaria y la del propio destope de bases máximas se un la generalizada del Mecanismo de Equidad Intergeneracional. “As, a rent income de 70.000 euros tenderá un incremento de la imposición de 7.500 euros brutos anuales, mientras que si el income alcanza los 100.000 euros el aumento de impuestos ser de 9.700 euros”, calculó la AIReF al aplicar todas las subidas a esas anualidades Los empleados públicos también pagan impuestos, pero está claro que el contribuyente en general asume la mayor parte de ese esfuerzo en los sueldos de la Administración.

Por lo tanto, es llamativo que tanto Yolanda Daz como el coordinador económico de Podemos,

nacho lvarez

, han incidido en lo de que coticen ms los que ms tienen obviando el efecto para el Estado. Y if steeltan the AIReF y el Banco de Espaa en que someterse a cotizaciones en el pas con ms paro del euro perjudicar el empleo, la medida es ms de irrogacin que irrigacin para el sistema de pensiones, porque habr menos asalariados privados y tienden que hacer an Sra. Esfuerzo la colaboradora.

El Estado, a pagar «cuota solidaria» por los ministros, entre otros

Los sueldos de los ministros son de los cargos públicos que entran dentro de los que, según el decreto, deben a portar una «cuota de solidaridad» al sistema de pensiones. En este caso, la empresa es el Estado que debe correr con el grueso de la cotización extra. En imágenes, tres protagonistas de la reforma: Yolanda Díaz, María Jesús Montero y José Luis Escriv.

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